J. Ll. A., Alcoi
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha emitido una sentencia en la exige al Ayuntamiento de Alcoi que reponga la zona verde de la Rosaleda al estado que tenía antes de construirse el parking subterráneo. En un contundente fallo judicial, se da la razón a un recurso de la plataforma vecinal «Salvem la Rosaleda» y a la Colla La Carrasca y se anulan tres acuerdos plenarios, por considerar que se ha incumplido la legalidad del PGOU al suprimir el antiguo parque y sustituirlo por la plaza actual. El alto tribunal considera compatible el aparcamiento subterráneo con la zona verde, pero exige que la futura reforma interfiera lo menos posible en los usos ciudadanos.
La sentencia recoge, en su práctica totalidad, las reclamaciones vecinales, en las que se señalaba que las obras de construcción del parking implicaban la supresión de una zona verde, añadiéndose que para llevar a cabo esta iniciativa era necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que no se hizo. El TSJ anula tres acuerdos plenarios, concretamente: la adjudicación de la obra, el diseño funcional y el proyecto de ejecución del aparcamiento.
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza la impugnación del pliego de condiciones y excluye de toda responsabilidad a la empresa constructora -una UTE formada por Ortiz e Hijos y Auplasa- por entender que actuaban a las órdenes del Ayuntamiento. En la sentencia se apuntan tramos del proyecto, en los que la propia empresa constructora advertía de la profunda transformación que sufriría la plaza.
Buena parte del texto de la sentencia, publicada el pasado 1 de septiembre, está dedicada a ilustrar que las características actuales de la plaza de la Rosaleda no permiten calificarla como zona verde. Se señala que «nos encontramos ante un claro ejemplo de contravención del ordenamientos en la solución aprobada y adoptada por el Ayuntamiento, aún en su lectura más flexible y favorable a la compatibilidad de usos».
También se baja a los detalles concretos, indicándose que «las entradas del aparcamiento invaden la superficie y el volumen de la plaza, más allá de todo lo razonable y admisible en una zona verde, lejos de las mínimas exigencias funcionales del aparcamientos». Se cuestiona la propia estructura de la plaza, «la misma construcción a varias alturas difícilmente puede considerarse que cumple con el requisito de no interferir el libre tránsito o la estancia de las personas que ha de ser propio de una zona verde». Asimismo, también se señala la reducción espectacular de la superficie arbolada del recinto y que no existe la necesaria cubierta de tierra en la zona. Por otra parte, el colectivo ecologista La Carrasca afirmó que, dada la contundencia del fallo judicial, exigirán al Ayuntamiento la inmediata remodelación de la plaza, aunque la corporación todavía puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
