M. C., Alcoi
En el momento de la suspensión de pagos, a finales de julio de 1993, la Caja de Crédito de Alcoi tenía 1.500 libretas de ahorro abiertas, con unos depósitos aproximados de 700 millones de pesetas. Sin embargo, Enrique Rodes recordaba ayer que la cifra de clientes era mucho mayor, ya que «había hasta 47 colectivos, entre juniors, filaes y montepíos». De hecho, se llegó a computar que el número de afectados real era de 2.780.
La circunstancia -descubierta dolorosamente al día siguiente de la suspensión- de que la Caja de Crédito no estaba adherida al Fondo de Garantía de Depósitos, provocó que los ahorros de todas estas personas se perdieran, al menos provisionalmente. En la navidad de 1994 y tras más de un año de gestiones, la Generalitat Valenciana hizo efectivo un pago de 1,2 millones de euros, en concepto de ayuda a los afectados, lo que permitió recuperar el 42% del dinero depositado. La recuperación de las deudas que diferentes clientes mantenían con la entidad quebrada, permitió ingresar una importante cantidad de dinero y repartir en marzo de 2005 hasta 540.000 euros entre los afectados, lo que supuso un 18% más, por supuesto sin contar los intereses que el dinero habría generado.
De ahí que en el proceso penal, los afectados reclamasen a los directivos el pago de 3,7 millones de euros, pero la Fiscalía limitó su petición a 2,6 millones, al considerar que el 1,1 restante ya había sido recuperado por los propios afectados. El juez ha estimado este segundo planteamiento, y de ahí que haya determinado que la fianza sea de 2,6 millones. Los afectados, a través de la comisión, siguen trabajando para recuperar más dinero pendiente de cobro por la entidad.
