Es lamentable ver como nuestros representantes públicos son incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en la situación actual con una elevadísima tasa de contagios y de muertes por COVID cuando el país supera la cifra de 35.000 personas fallecidas y cerca de 20.000 contagios diarios.
Asistimos perplejos a informaciones contradictorias que no hacen sino desinformar todavía más a los ciudadanos, lo cual genera mucha más incertidumbre y mayor temor.
No puede ser que hoy digan una cosa y mañana otra y lo que ayer no era obligatorio, hoy lo sea. Así no se puede funcionar como país. Y eso es lo que está ocurriendo.
Es un auténtico caos. La descoordinación es absoluta. Se dice una cosa y la contraria. Peor no se pueden hacer las cosas. Los políticos que deberían dar ejemplo cuando, además, están reclamando al resto de ciudadanos que extremen las precauciones y eviten las salidas y las reuniones, no se les ocurre otra cosa que asistir a un acto de celebración de un medio de comunicación, donde muchos de los asistentes, como se pudo comprobar posteriormente en las fotografías, no llevaban puesta la mascarilla ni guardaban las distancias de seguridad. Un ejemplo de irresponsabilidad absoluta. Solo el ministro Salvador Illa y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, han pedido disculpas por lo ocurrido. Los políticos deben ser los primeros en dar ejemplo. No era el mejor momento para celebrar ese acto, aunque fuera legal como ha tratado de explicar su director, Pedro J, Ramírez.
En el resto de Europa, la situación no es mucho mejor que en España, pero, desde luego, lo que no hacen los políticos es discutir las medidas que adopta el Gobierno y mucho menos votar en contra de ellas, como sí ocurre en España. Hoy mismo hemos visto como el estado de alarma se aprobaba en el Parlamento con todos los votos, menos los de Vox, que uno todavía no sabe muy bien cuál es la alternativa que plantean para parar el ritmo de contagios.
La única certeza que tenemos de este virus es que la forma más eficaz de combatirlo hasta que exista una vacuna o un tratamiento paliativo es limitando la movilidad de las personas y el instrumento legal para hacerlo es mediante el estado de alarma. Y todavía hay gente en este país que discute las medidas, alegando que conculca derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Naturalmente que limita derechos, pero es un instrumento que recoge la Constitución para situaciones excepcionales y estamos en una situación excepcional, donde lo prioritario debe ser salvar vidas humanas y si para ello hay que confinar de nuevo a toda la población habrá que hacerlo y cumplir a rajatabla con todas las medidas.
No podemos estar permanentemente perdiendo el tiempo en nimiedades sobre la duración del estado de alarma, si debe durar seis o dos meses o cuantas veces debe comparecer el presidente del Gobierno para dar cuenta de la situación, Francia ya ha confinado a toda la población para frenar la segunda ola. Y en España no tardaremos mucho en hacerlo.
