Cuando los representantes políticos miniminizan la violencia o se ponen del lado de los violentos, pasa lo que pasa. Lo ocurrido estos días en varias ciudades de España, pero con especial virulencia en Cataluña, donde se ha intentado asaltar una comisaria, nada tiene que ver con la libertad de expresión, sino con actos especialmente violentos perfectamente organizados, auspiciados desde ciertas formaciones políticas radicales y antisistema, que legitiman el uso de la violencia.
A los Mossos se les ha dejado sin autoridad para repeler estas agresiones. Hemos visto contenedores incendiados, escaparates rotos, actos de pillaje en comercios, coches de la policía ardiendo, … Hemos escuchado a representantes políticos hablar de represión policial cuando las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado deben de preservar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
Nadie niega el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero cuando estas manifestaciones son el pretexto para cometer actos vandálicos que nada tienen que ver con un derecho constitucional como es el derecho de manifestación, son las fuerzas de seguridad las que tienen que garantizar el orden y el cumplimiento de la ley. Y eso supone muchas veces tener que usar la fuerza.
El coste de los daños provocados por las manifestaciones a favor del rapero Pablo Hasél, solo en Barcelona, asciende a un millón de euros. Dinero qué pagaremos todos los contribuyentes con nuestros impuestos.
