Unidas Podemos ha vuelto a elevar la tensión con el Gobierno de Pedro Sánchez, tras acusar a la presidenta del Congreso Meritxell Batet de prevaricación por hacer cumplir la orden del Tribunal Supremo que ha retirado el escaño al diputado de la coalición morada Alberto Rodríguez condenado por el Supremo por haber pateado a un policía durante unos disturbios ocurridos en Tenerife.

Podemos sostiene que se ha condenado a  Alberto Rodríguez sin pruebas. Una acusación gravísima que vuelve a cuestionar nuestro estado de derecho.

Las sentencias se acatan y se respetan. Tras conocerse la sentencia que le inhabilita y le condena por agredir a un policía, el señor  Rodríguez debería haber abandonado su escaño de manera inmediata, como se le hubiera exigido a cualquier otro diputado que hubiera sido condenado por unos hechos similares.

La furibunda reacción de Ione Belarra responde a la concepción de la justicia que tiene la ultraizquierda de cuestionar aquellas resoluciones judiciales que no son de su agrado cuestionado uno de los pilares fundamentales de la democracia como es el poder judicial.

Las palabras de Belarra son aún más graves porque es ministra con el Gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que no existen precedentes en la historia democrática de ningún país que un miembro de un Gobierno denuncié a otro de su mismo Gobierno.

Es inaceptable en democracia que gente que ha sido condenada por la justicia siga ejerciendo la función pública.