Este mismo periódico informaba en su edición de ayer de los precios que van a cobrar los citricultores de la zona por sus navelinas. Concretamente 0,10 céntimos el kilo. Normal que con estos precios haya cada vez más agricultores que arranquen los árboles, abandonen sus explotaciones agrícolas o sencillamente dejen la cosecha en el campo porque resulta más caro recogerla que vender luego el producto.
Reciente la polémica sobre las macrogranjas, el presidente del Gobierno ha vuelto a salir en defensa del sector ganadero y agrícola, calificando de preocupante las declaraciones de su ministro de Consumo Alberto Garzón que lejos de cesarle lo mantiene en el cargo. Pedro Sánchez que esta estos días de campaña electoral en Castilla y León, volvió a acordarse del sector agrícola, pero solo de palabra.
Lo digo porque prometió una ley que garantizara que no se vendiera por debajo del precio de coste y sigue sin haber ninguna ley. En el supermercado o en la tienda, el kilo de navelina, por citar un ejemplo, no está a 0,10 céntimos de euro el kilo que es lo que percibe el agricultor sino a 1,29 euros. Un incremento exponencial entre el precio en origen y el precio final que es puro beneficio para los intermediarios de la cadena alimentaria.
Estos días escuchábamos al nuevo ministro de Agricultura alemán cargar contra Aldi o Lidel por sus “precios basura”. Entre los objetivos de su mandato están que tanto agricultores como ganaderos perciban unos buenos ingresos.
Urge un cambio en la ley que permita que el agricultor pueda vivir dignamente de su trabajo, cobrando unos precios dignos.
