Se podrá criticar, si las medidas anunciadas por el Gobierno para ahorrar energía en comercios, hostelería, establecimientos en general, transporte y edificios públicos son eficaces o no o si se debería haber buscado un mayor consenso antes de aprobarse, lo que no es aceptable en un estado de Derecho es que determinados gobiernos autonómicos se nieguen a cumplir lo aprobado por el Gobierno. Es el paso previo al caos.

La Comunidad de Madrid, pero también el País Vasco y otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, ya han anunciando que la van a recurrir y que no van a aplicar las restricciones de ahorro de luz y energía que propone el Gobierno.

Esta política de oponerse a todo lo que dice el Gobierno debería acabarse porque la ley nos obliga a todos.  También a las Comunidades Autónomas.

El señor  Núñez Feijóo partidario de aplicar estas medidas de ahorro energético debería empezar a poner orden dentro de su partido. ¿Con qué criterio va a pedir después que se cumpla la ley, sin son los primeros en saltársela?

Esta llamada a la desobediencia de manera continua que hace Díaz Ayuso cada vez que el Gobierno anuncia una medida, ocurrió también durante el estado de alarma, no solo genera confusión entre la ciudadanía, que ve como algunos gobiernos se saltan la ley, sino que es, además, absolutamente insolidaria e irresponsable.

Aunque a algunos dirigentes se les olvida con mucha facilidad, la ley está para cumplirse.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso mantiene un frente abierto con el Gobierno de la Nación. Esta posición le ha dado votos. Lo vimos durante el estado de alarma cuando decidió mantener abierta la hostelería. Pero no se puede estar permanentemente a la gresca porque ante todo es la presidenta de todos los madrileños, también de aquellos que no la votaron.