Galicia se ha sumado a Madrid, Murcia y Andalucía con una bonificación del impuesto de patrimonio del 50%. Madrid hace tiempo que lo tiene bonificado al 100%, Murcia lo va a estudiar y el nuevo Gobierno de Juanma Moreno Bonillo ha dicho que lo va a eliminar.

Al Gobierno le parece ahora mal que las CCAA, no todas, solo aquellas que están gobernadas por el PP, no han dicho nada de País Vasco, Navarra o Cataluña, gestionen su política fiscal y bajen impuestos.

Quienes hablan de dumping fiscal se olvidan del cupo vasco.

Los defensores de mantener el impuesto de Patrimonio, que eliminó José Luis Rodríguez Zapatero, por ser un impuesto injusto que supone una doble imposición porque quien lo paga ya ha abonado los impuestos que corresponden por los bienes y rentas y, además, perjudica el ahorro, dicen ahora que eliminarlo afectaría al estado del bienestar y a las políticas sociales. Seguramente cuando decidieron eliminarlo no afectaba tanto como ahora.

La gente con el dinero en el bolsillo gasta más, aumenta el consumo y eso ayuda a la política económica de un país, creando negocios y puestos de trabajo y ello también redunda en que el Estado pueda recaudar más vía impuestos.

España es el único país de la UE donde sigue vigente el impuesto de patrimonio.  Si queremos ser europeos, seamos para todo, no solo para lo que nos interesa.

La recaudación del impuesto de patrimonio para las arcas públicas es insignificante en relación a otros impuestos.

En la Comunidad Valenciana es donde más impuestos se pagan junto a Cataluña y no creo que por ello tenga unos mejores servicios públicos que en Galicia o Madrid.

No es tanto una cuestión de recaudar  más sino de hacer una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Con la supresión del impuesto de patrimonio Andalucía dejará de recaudar 90 millones de euros. Estos menores ingresos, sin embargo, se pueden ver compensados por una mayor aportación de las rentas altas porque atraes inversiones y evitas fuga de capitales.

Las políticas sociales de un país se financian gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos, pero repito no se trata tanto de recaudar más sino de gestionar mejor.

Ahora el Gobierno, atendiendo a sus socios de Gobierno de Unidas Podemos quiere poner un impuesto a las grandes fortunas que falta todavía por concretar. Como decía  muy acertadamente el líder del PP, Núñez Feijóo no hay que acabar con los ricos sino con la pobreza.

El Gobierno habla ahora de armonizar la política fiscal o de recentralización de los impuestos como ha sugerido el ministro José Luis Escrivá para evitar el dumping fiscal de unas autonomías sobre otras. Supongo y entiendo que eso afectará también al País Vasco, Navarra y Cataluña. Las reglas deben ser iguales para todos.

Quienes piensen que el impuesto de patrimonio es un impuesto a los ricos están muy equivocados. Los realmente ricos de este país tienen sociedades instrumentales para eludir el pago de impuestos, a través de paraísos fiscales.

El fraude fiscal genera unas pérdidas anuales de 91.600 millones de euros.

Quien realmente paga impuestos en este país es la clase media española.