Hay que reconocerle a Unidas Podemos el mérito de sacar adelante la política económica y fiscal que firmaron en el acuerdo de Gobierno, pese a las grescas continúas que se llevan con Sánchez.

El impuesto a la banca y a las grandes empresas energéticas y ahora también a las grandes fortunas está en el programa de Unidas Podemos antes de que comenzara la invasión de Ucrania. También la creación de un banco público y la nacionalización de las empresas con participación pública.

Es un programa económico absolutamente intervencionista que confiere al Estado todo el poder en línea con las economías de los países comunistas y que rompe con la economía de libre mercado que siempre ha defendido un partido socialdemócrata, como ha sido siempre el PSOE.

La batalla fiscal comenzó después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla anunciara la eliminación del impuesto de patrimonio, un impuesto que no se paga en ningún país de Europa y que el propio Rodríguez Zapatero eliminó por ser un impuesto injusto  que se paga dos veces, que penaliza el ahorro y que afecta, sobre todo, a la clase media, contrariamente a lo que ahora se dice de que es un impuesto a los ricos y a las grandes fortunas.

Los ricos de este país no pagan impuestos o no al menos lo que deberían. Quien sí paga impuestos de verdad es la clase media que el Gobierno quiere cargarse. Todo el esfuerzo económico que se pide va dirigido a la clase media.

El Estado no tiene ahora mismo un problema de ingresos ni de recaudación.  Más de 25.000 millones de euros extras “caídos del cielo” van a ir a las arcas del Estado, como consecuencia de la inflación y de una mayor recaudación por el IVA.

El estado del bienestar no está en peligro porque se bajen los impuestos. Lo que sí que está en peligro es la economía de muchas familias. Lo que hay que mejorar es la eficiencia de esos recursos.

El Estado lo que sí tiene es un grave problema con la deuda y con el gasto público. Ninguna de las medidas anunciadas por el Gobierno van, por ejemplo, en la dirección de eliminar todo el gasto superfluo de la Administración o en rebajar el sueldo de los políticos, que lejos de rebajárselos se los han subido un 3,5%. Tenemos el Gobierno más caro de toda la democracia, con cientos de asesores y de ministerios. Se calcula que en España hay más de 60.000 millones de euros de gasto público ineficiente.

Hay, por tanto, margen para una bajada de impuestos en línea con lo que han propuesto otras CCAA gobernadas por el PP, como es el caso de: Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia. También el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha anunciado una reducción de impuestos para las rentas de más de 60.000 euros. Una propuesta que ha dejado descolocado al Gobierno de España, pero que va en la línea de lo que demandan muchos ciudadanos.