Pedro Sánchez ya tiene sus PGE. Ha contado con el apoyo de los socios de investidura a costa de ceder al chantaje permanente de los independentistas catalanes y vascos. La desaparición del delito de sedición del Código Penal y la retirada de la Guardia Civil de Navarra son dos de las cuestiones que han estado encima de la mesa para conseguir el voto afirmativo de ERC y EH Bildu para que salgan adelante estos presupuestos.
Unos PGE calificados por el propio Gobierno, como los más sociales de toda la democracia, que es lo que se suele decir de todas las cuentas públicas, una vez que han sido aprobadas. No conozco ningún Gobierno que haya dicho lo contrario.
Pero más allá del dinero que se dedique a las políticas sociales, es decir, educación, sanidad y dependencia, lo más importante es saber si se basan en criterios realistas y no en falsas expectativas. Muchas veces ocurre que las previsiones que se hacen a priori no se cumplen porque se parte de previsiones económicas poco realistas o demasiado optimistas, como es el caso.
El contexto económico que vivimos es de una gran incertidumbre y de una gran volatilidad, como consecuencia de la guerra en Ucrania. Tras nueve meses de guerra desde que comenzó la invasión de Putin, muchas economías europeas como la alemana o la del Reino Unido están mostrando signos claros de desaceleración y algunas como la inglesa, ya están en recesión.
En este contexto es muy difícil que las previsiones se cumplan, máxime en una economía globalizada como la actual.
Sánchez podría haber prorrogado los presupuestos actuales como ya hizo Rajoy y llegar al final de la legislatura, pero ha preferido buscar el acuerdo con las fuerzas nacionalistas para garantizarse una cierta estabilidad legislativa, que es mucho esperar teniendo en cuenta los compañeros de viaje que ha elegido y de los que se puede esperar cualquier cosa, salvo que piensen en los intereses de España.
