Es evidente que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no tiene límites a la hora de pactar lo que sea, con tal de mantenerse en La Moncloa. Una vez suprimido el delito de sedición para contentar a sus socios soberanistas, ahora le toca hacerlo con el delito de malversación, siempre que no haya enriquecimiento personal. Habrá reforma. Seguro.
"Una reforma del delito de malversación en este sentido podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 entre ellos los que fueran presidente y vicepresidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente."
Lo siguiente será la amnistía y pactar un referéndum de independencia. Son insaciables.
El problema de eliminar o modificar estos artículos del Código Penal es que deja desprotegido al estado de Derecho ante posibles intentonas golpistas, como la que ocurrió el 1-O en Cataluña y por la cual sus líderes fueron condenados y en un gesto magnánimo, indultados por el Gobierno.
Las mismas personas que en su momento dieron el golpe de Estado han dicho que lo volverían a hacer.
Los hechos por los que fueron juzgados son gravísimos. En un principio se consideró juzgarlos por un delito de rebelión y no de sedición, que lleva aparejadas penas de cárcel más elevadas.
La unidad de España que preserva nuestra Constitución es innegociable.
España está más desprotegida ante nuevas amenazas golpistas.
Cuando se habla de equiparar la legislación española a la europea a la hora de rebajar estos delitos no se tiene en cuenta la situación territorial de España respecto a sus socios europeos, donde no existen movimientos independentistas que quieran romper la unidad de un país, como sí ocurre en España, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Las características de cada país son diferentes y no cabe un Código Penal único para todos.
Se cumple al dedillo la agenda política de ERC y dentro de muy poco también la de EH Bildu.
