Tras la condena a seis años de cárcel por corrupción a Cristina Fernández, varios dirigentes políticos de nuestro país como Irene Montero o Pablo Echenique han publicado en las redes sociales mensajes de solidaridad con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández.

Pero una cosa es mostrarle su apoyo y otra bien distinta, como así ha ocurrido es cuestionar el sistema judicial, acusando a los jueces de golpistas.

Me cuesta pensar que cualquier otro político condenado por  corrupción pueda seguir despertando tantas simpatías.

La política argentina ha calificado de mafia judicial a los jueces que la han condenado. Cristina Fernández, sin embargo, no entrará en prisión al tener la condición de aforada, un privilegio muy criticado por la izquierda radical que querían abolir, pero del cual se benefician.

Argentina es un país democrático, equiparable a cualquier otro país de la UE, donde funciona perfectamente la separación de poderes y donde están garantizados todos los derechos, como ocurre igualmente en España. La señora Cristina Fernández puede recurrir la sentencia.

Calificar a los jueces de “mafia”, “machistas” o de “fascistas con toga” es propio de partidos populistas y antisistema que quieren dinamitar la convivencia democrática.

Esta constante de poner en tela de juicio y de sembrar dudas sobre prácticamente casi todo, como hizo Donald Trump, negando el resultado electoral de las elecciones en EEUU que dio la victoria a los demócratas y hablando de fraude en el recuento de los votos hacen una sociedad cada vez más débil en términos democráticos.