Vox ha vuelto a lanzar una propuesta para presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez con un candidato de consenso. Solo Ciudadanos se ha sumado a esta iniciativa, mientras que el PP parece que no está por la labor de sumarse a la moción, si no se dan los números.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la designación de dos miembros del Tribunal Constitucional designados por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la negativa del PP ha renovar el CGPJ que lleva cuatro años bloqueado.

Las mociones de censura se presentan para ganarlas y, de momento, no parece que haya una mayoría parlamentaria para que prospere. Los votos de PP, Vox y Ciudadanos no son suficientes  para sacarla adelante y aunque desde el PSOE hay voces muy críticas que cuestionan las últimas medidas del Gobierno, como la derogación del delito de sedición o la reforma del delito de malversación, no prestarán sus votos a la derecha para que prospere la moción de censura y lo mismo cabe decir de los socios de Gobierno: ERC, EH Bildu, Más País o Compromís.

Hemos escuchado a dirigentes socialistas muy críticos con la gestión del Gobierno y con las últimas iniciáticas parlamentarias, como Javier Lambán o Emiliano García- Page, pero una cosa es lo que dicen delante de un micrófono, máxime a pocos meses de unas elecciones autonómicas y municipales y otra muy distinta es no acatar la disciplina de voto. No hacer una oposición interna de verdad para evitar esta tropelía es actuar con complicidad. Lambán que dijo lo que pensaba de Sánchez, al afirmar que a este país y al PSOE le hubieran ido mucho mejor las cosas, si Javier Fernández hubiera estado al frente de la secretaria general del partido tuvo que recular después de estas críticas y matizar sus palabras, que no sentaron nada bien en Ferraz. No dijo ninguna mentira. Coincido totalmente con las palabras de Javier Lambán porque entiendo, como el presidente de Aragón que Javier Fernández no hubiera traspasado las líneas rojas que sí ha hecho Pedro Sánchez, pactando con aquellos que quieren romper España y cediendo al chantaje independentista para garantizarse un puñado de votos.

La confección de un Código Penal a medida de los independentistas, como se ha hecho con el delito de sedición y de malversación para que los condenados por el “procés” vean reducidas sus penas, no tiene parangón en ningún país de la UE, donde los estados tratan de protegerse ante las amenazas golpistas en lugar de debilitarlas.

Sánchez que llegó al Gobierno por una moción de censura contra Mariano Rajoy, tras conocerse la sentencia de la Gürtel que condenaba al PP por un delito de financiación irregular, quiere ahora rebajar los delitos de malversación o sea de corrupción.