En  el momento de redactar estas líneas, hay más de 270 los agresores sexuales que han visto rebajada su pena desde que se aprobó la ley del solo sí es sí, de Irene Montero, la misma ministra que dijo que ningún violador vería reducida su pena con esta ley y a día de hoy ya son más de 270 violadores los beneficiados por esta norma.

El goteo de rebaja de penas es incesante, sin que el Gobierno haya hecho nada para frenar el río de violadores y pederastas que  están ya en la calle o cumplirán una condena inferior.

Cuando el Gobierno se decida  a corregir la ley y a introducir los cambios necesarios para evitar este dislate legislativo, los beneficiados por esta rebaja de penas lo seguirán siendo porque se aplica la norma que beneficia al reo. El daño ya está hecho.

La soberbia del Gobierno que sigue sin reconocer que esta ley es una auténtica chapuza legislativa impide que se tomen medidas para evitar que cada día salgan nuevos violadores. Hoy mismo en Lleida salía en libertad un condenado por 17 violaciones.

El Gobierno debería haber reaccionado desde el minuto uno, cuando ya se sabía que esta ley, así lo advertían varios informes, corría el riesgo de que muchos condenados pudieran beneficiarse.

Hasta el momento no ha habido ninguna responsabilidad política a este desaguisado jurídico que debería haber provocado el cese o la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad Irene Montero que prefiere seguir señalando a los jueces en la aplicación de la Ley antes que reconocer los errores que contiene.

La ley va en sentido contrario de lo que debería ser una ley que proteja a las víctimas que hoy se sienten más desprotegidas de lo que lo eran antes.