El hecho de que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa nos va a costar muy caro a todos los españoles. Cada vez es más evidente que el acuerdo de investidura era únicamente para aferrarse al sillón presidencial y para ello está dispuesto a cualquier cosa, con tal de contentar a sus socios de gobierno, especialmente a Junts, cuya última ocurrencia ha sido, junto a la de asumir las competencias en materia de inmigración, que el Gobierno sancione a las empresas que voluntariamente trasladaron su sede social fuera de Cataluña, tras la declaración de independencia y el referéndum ilegal del 1-O.

Una decisión absolutamente legal y comprensible desde todos los puntos de vista  la que tomaron estas empresas catalanas tras el “procés”, amparada en la libertad que tienen todas las empresas para trasladar su sede, su producción o su logística, donde más les interese de acuerdo a criterios empresariales y económicos que buscan ante todo garantizar la seguridad jurídica de las empresas. Situación que se vio claramente amenazada cuando se produjo el “procés”. Las empresas deben garantizar la tranquilidad de sus accionistas y es lo que hizo La Caixa, el banco Sabadell o Endesa y otras tantas empresas catalanas hasta un total de 7.743 desde el 1 de octubre de 2017 hasta julio de 2023. Ninguna de estas empresas ha regresado ni se lo plantea en estos momentos, pese a la normalidad que dice el Gobierno que hay ahora mismo en Cataluña.

Aunque el Gobierno quisiera sancionar a estas empresas o regalarles incentivos fiscales para que vuelvan a Cataluña tampoco podría hacerlo porque es contrario a la legislación europea, y menos mal que sea así porque no sabemos hasta donde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez, con tal de ser presidente del Gobierno.

La posición de Sánchez y de todo el Gobierno de seguir tragando con todo lo que quiera Junts y el resto de socios independentistas, como fue la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu, tras el apoyo de los socialistas navarros a la moción de censura presentada por los abertzales, es someter al Estado a un continuo chantaje, donde lo que menos importa es la gobernabilidad de España y que salgan adelante medidas sociales que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos, como hemos podido ver recientemente con las medidas anticrisis y el decreto ómnibus que se salvó por la mínima, con el rechazo de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo. Pero, además, de la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%, la bonificación del transporte público, la suspensión de los desahucios o la rebaja del IVA a los alimentos,, medidas todas ellas que benefician a millones de españoles estaba en juego el último paquete de ayudas de la UE por valor de 10.000 millones de euros.

La abstención en el último momento de Junts, tras decir que votaría en contra de las medidas anticrisis por considerar que invadía competencias de la Generalitat y ponía en riesgo la Ley de Amnistía ha dejado en clara evidencia la debilidad de un Gobierno que está dispuesto a todo con tal de que Sánchez permanezca en el poder. Así no se puede seguir gobernando.

La legislatura no ha hecho más que empezar y no solo se vislumbra complicada sino incierta dado los compañeros de viaje que ha elegido Pedro Sánchez, donde Junts no gobierna en Cataluña, pero parece que sí lo hace en España.