El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar la televisión pública durante una entrevista para lanzar un ultimátum al PP para la renovación del CGPJ. El plazo termina este mes de junio. Si no hay acuerdo, el Gobierno presentará una reforma en el Congreso de los Diputados con el apoyo de sus socios de coalición para renovar el órgano de los jueces, cuyo mandato lleva caducado cinco años y medio.

La otra gran preocupación de Pedro Sánchez es actuar contra los medios de comunicación que propagan bulos e informaciones falsas. En este sentido, propone una regulación a través de una ley “antibulos” para que los que califica de “pseudomedios” no reciban ninguna subvención pública y se queden fuera de las ayudas que el Gobierno concede a los medios de comunicación.

Todos los gobiernos,  tanto del PP como del PSOE han regado con subvenciones públicas a los medios afines, sin que el criterio tuviera que ver con normas periodísticas como la calidad o el rigor sino meramente ideológicas. Ahora quieren que se sepa cuánto dinero destinan las administraciones en ayudas públicas a los medios de comunicación. Como cualquier euro que sale del bolsillo de los ciudadanos debe saberse a qué se dedica y el destino que tiene. Sobre esto no hay nada que objetar, si acaso, que algo así no se haya sabido hasta ahora.

Pero si lo que se quiere es acabar con las informaciones falsas y los bulos no es necesaria ninguna regulación que siempre suena a censura y control porque nuestro ordenamiento jurídico ya cuenta con las herramientas necesarias para que cualquier ciudadano que se sienta perjudicado por una información que le afecta pueda denunciar una información falsa. Tan sencillo como ir a un juzgado y presentar una denuncia.

Existe otra cosa que se utiliza muy poco por parte de los medios de comunicación cuando publican una noticia falsa o inexacta que es el derecho de rectificación que está regulado por ley. Los medios tienen la obligación de rectificar ante una publicación falsa o inexacta, dándole el mismo espacio que a la información publicada objeto de la rectificación.

Si el señor Sánchez considera que las informaciones que se han publicado sobre su mujer y su hermano son falsas, lo que tiene que hacer es ir a un juzgado y denunciarlo. Que yo sepa no lo ha hecho. Las informaciones publicadas por El Confidencial no han sido desmentidas.

El sindicato Manos Limpias que ha denunciado a Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias fue el mismo que presentó la denuncia contra Iñaki Urdangarin por el caso Nóos.

Solo que entonces no se cuestionó, como ha ocurrido ahora la ideología política de Manos Limpias.