Parece que al Gobierno le gusta dar ultimatums. Primero ha sido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante una entrevista en la televisión pública quien daba un ultimátum al PP para la renovación del CGPJ. Ahora ha sido la ministra de Trabajo quien ha lanzado un ultimátum a la CEOE para aprobar la reducción de la jornada laboral. En este caso, Yolanda Díaz hará lo mismo que hizo con la subida del SMI, donde tampoco hubo acuerdo con la CEOE y subió el SMI hasta los 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Con acuerdo o sin él, a diferencia de lo que fue la reforma laboral donde los agentes sociales con la mediación del Gobierno fueron capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante una norma que ha permitido reducir la tasa de empleo y la temporalidad, Yolanda Díaz parece dispuesta a sacar adelante la ley. Supongo que como una forma de hacer valer su poder dentro del Gobierno, después de los malos resultados obtenidos por Sumar, desde su aparición en la escena política y que ha llevado a la ministra de Trabajo a presentar su dimisión al frente de esta coalición de partidos que solo ha obtenido tres diputados en las elecciones al Parlamento europeo, los mismos que Alvise con su partido SALF. Es evidente que la dirigente de Sumar no pasa por su mejor momento político.

Las reformas obtenidas con acuerdo son las que han terminado obteniendo mejores resultados a medio plazo. La reforma laboral es un buen ejemplo de ello.

El diálogo social que ahora parece que se ha roto ha permitido en este país mejoras laborales y salariales para los trabajadores. El diálogo es un instrumento para avanzar en la mejora de nuestros sistemas sociales y económicos, como escribía el ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel en un artículo publicado en el periódico Cinco Días sobre la ruptura del diálogo social.

El Gobierno está dispuesto a reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, es decir, el trabajador seguirá cobrando la misma nómina, aunque no haya acuerdo con la patronal, como ya hizo con la subida del SMI.

El presidente de la patronal Antonio Garamendi ha calificado la postura del Gobierno de abuso de poder y monólogo social. La verdad es que hay poco margen para la negociación cuando la otra parte, en este caso, sindicatos y gobierno que ahora van de la mano, imponen las condiciones del acuerdo, donde solo se va a ratificarlo y no a negociar.

En España nuestras empresas tienen un problema de baja productividad que nos hace ser menos competitivos respecto a otros países en un mercado cada vez más globalizado. La productividad es un parámetro fundamental para determinar la salud de nuestra economía. Cuanto mayor es la productividad de un país mayores son sueldos y más impuestos recauda el Estado, y, por tanto, hay más dinero para políticas sociales.

En un país como España, reducir la jornada laboral no solo va a tener un coste sobre las pymes, donde el 98% de las empresas tiene menos de cinco empleados sino también sobre la economía. Trabajar menos horas no va ayudar a mejorar la productividad de nuestras empresas que es el principal caballo de batalla contra el que hay que luchar.

Una decisión sobre la reducción de la jornada laboral por las implicaciones que ello conlleva en el mundo empresarial requiere que los dos principales actores, que son los trabajadores y los empresarios, y no el Gobierno que en cualquier caso debe actuar como mediador, se pongan de acuerdo, como lo hicieron con la reforma laboral.