No es Vox ni el PP. El peor enemigo de Pedro Sánchez es la hemeroteca. Fue en 2017 cuando Pedro Sánchez entonces líder de la oposición pedía la dimisión de Mariano Rajoy por ser citado como testigo a declarar por el caso Gurtel.
Siete años después es Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, quién tendrá que ir a un juzgado para declarar por el caso de su esposa Begoña Gómez, imputada por un presunto delito tráfico de influencias y corrupción. Un caso similar al que sentó en el banquillo a la infanta Cristina. Solo que en aquella ocasión hubo cámaras que grabaron el juicio, a diferencia de la mujer del presidente del Gobierno que ha pedido que no se graben imágenes.
Sánchez acusó entonces a Mariano Rajoy de causar un daño irreparable a la democracia y a la imagen de España y se preguntaba en tono solemne, si un presidente interrogado por corrupción en los tribunales era la persona adecuada para librar a España de la corrupción.
Como diría un abogado: No hay más preguntas señoría.
Qué fácil resulta a veces dar lecciones a los demás de moralidad y lo que cuesta aplicarse esas mismas recetas uno mismo.
Sánchez es rehén de sus propias palabras.
La maniobra del Gobierno y de sus socios de sembrar la duda sobre el funcionamiento de la justicia en nuestro país, señalando jueces, cuando las investigaciones les afectan a ellos o se producen sentencias que no son de su agrado son muy peligrosas porque cuestionan uno de los pilares fundamentales del estado de Derecho, como es la separación de poderes y la independencia judicial.
Los jueces tienen que hacer su trabajo que es aplicar la Ley, sin injerencias externas de ningún otro poder del Estado.
El Gobierno se ha inventado una gran confabulación de los medios de comunicación y los jueces para perseguir a la familia de Pedro Sánchez cuando en un estado de Derecho existen todos los mecanismos legales que preservan las garantías de cualquier ciudadano.
Sembrar la duda de que la judicatura actúa por motivos políticos en este o en cualquier otro caso es restar legitimidad al poder judicial y el principio de igualdad ante la ley.
Se ha entrado en una dinámica muy peligrosa para cualquier democracia, donde los políticos en lugar de acatar y respetar las sentencias o los procedimientos judiciales se dedican a señalar a jueces y a peridiodistas.
