Algún día sabremos el coste económico y social que tiene para España la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Suma y sigue. El independentismo nunca se sacia. Ahora es la financiación singular para Cataluña y muy pronto será el referéndum de independencia, pese a que ya nos han dicho por activa y por pasiva, como ocurrió con la Ley de Amnistía, que no tiene cabida en la Constitución. Algún encaje le encontraran, con tal de mantener a Sánchez en La Moncloa. Si no al tiempo.
El acuerdo al que han llegado el PSC y ERC para hacer presidente a Salvador Illa supone la cesión de todos los impuestos a Cataluña. Un agravio comparativo respecto al resto de CCAA, como la valenciana que arrastra históricamente un grave problema de financiación, pero también para Extremadura, Galicia, Castilla -La Mancha o Andalucía.
Más dinero para Cataluña supone menos dinero para el resto de CCAA y eso se traduce en menos dinero en políticas sociales e inversiones, generando comunidades de primera y de segunda categoría.
La cesión a Cataluña de todos los impuestos que hasta ahora recaudaba el Estado, no solo es insolidario porque quien más tiene, más tiene que aportar y contribuir a la caja común, de modo que otras comunidades más pobres puedan tener carreteras, colegios u hospitales, es también darles la razón a los independentistas en todo lo que han pedido: indultos, rebaja de la malversación, condonación de la deuda, ley de amnistía y ahora una nueva financiación “singular”.
El independentismo que está en sus horas más bajas, especialmente ERC, ha hecho valer su posición de fuerza ante un gobierno cada vez más débil que después de pactar con los republicanos de Pere Aragonés va a tener muy complicada la gobernabilidad en España, donde Junts y Carles Puigdemont siguen teniendo la sartén por el mango.
Junts ya ha votado en contra de la ley de Extranjería y del techo de gasto y seguirá tumbando todas las iniciativas parlamentarias.
Los siete votos de Junts siguen siendo decisivos para el Gobierno. Con Carles Puigdemont fuera de la Generalitat de Cataluña, para eso necesitaba la abstención del PSC y el voto de ERC, las cosas se le complican a Pedro Sánchez.
Los grupos independentistas y nacionalistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG) tienen 26 escaños en el parlamento español de los 350 escaños, es decir, no llegan al 10% y, sin embargo, son los que marcan la política del Gobierno de la nación cuando existe otra mayoría parlamentaria, sumando los votos del PSOE y del PP que darían mayor estabilidad a este país dejando fuera a los populismos.
