Nadie duda a estas alturas que Carlos Mazón es un cadáver político, tras su nefasta gestión al frente de la dana. Ni antes ni durante ni después ha sabido estar a la altura de las circunstancias. En Génova ya dan por amortizado a Carlos Mazón a la espera de que Núñez Feijóo tomé la decisión final de dejarlo caer.
Mazón tenía que haber pedido la ayuda del Estado desde el primer momento y solicitar la declaración de emergencia nacional, entre otras cosas porque la Generalitat no tiene medios ni recursos suficientes para actuar ante una catástrofe de las dimensiones de la dana. Mazón se ausentó en los momentos claves de la gota fría y no canceló su agenda, pese a la gravedad de la situación. Pero, lo más grave es que Carlos Mazón ha mentido a todos los ciudadanos. Desde el ministerio que dirige Teresa Ribera se produjeron hasta cuatro llamadas para alertar de la situación de riesgo. Ninguna de estas llamadas fue respondida por Mazón, alegando que no tenía cobertura.
Hay una clara negligencia en la actuación del presidente de la Generalitat desde la misma mañana de la catástrofe. No puede ser que ese día ante la gravedad de lo que se estaba conociendo por la Aemet que declaró la alerta roja y por la Confederación Hidrográfica del Júcar, avisando de la rápida crecida del barranco de Poyo, no cancelara su agenda, incluida la comida con la periodista y permaneciera desaparecido hasta las 7 de la tarde.
¿A qué está esperando el señor Mazón para dimitir? ¿Qué más tiene que pasar en este país para que un dirigente político asuma sus responsabilidades y actúe en consecuencia?¿No son suficientes 223 víctimas mortales y casi un centenar de desaparecidos?
Afortunadamente, la actuación de alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas por la inundación, como Torrent o Utiel, sí supieron actuar de forma diligente y ello permitió salvar muchas vidas humanas. No esperaron, como hizo el señor Mazón a tomar decisiones. Se suspendieron las clases y se alertó a los ciudadanos.
La manifestación que tuvo lugar el domingo en Valencia que congregó a 130.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, salvo en el tramo final donde se registraron momentos de violencia por grupos de ultraizquierda, es el reflejo de una ciudadanía hastiada de una clase dirigente incompetente.