España está retrocediendo en términos de calidad democrática a marchas aceleradas de la mano de un Gobierno acorralado por la corrupción. Nunca en la democracia española un fiscal general del Estado ha estado imputado por un presunto delito de revelación de secretos. El Tribunal Supremo ha citado a Álvaro García Ortiz para que declare en calidad de investigado, antes imputado, el próximo 29 de enero.

Es evidente que ha habido una persecución política desde el Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso después de que se conociera que su pareja había defraudado a Hacienda. Se revelaron datos personales de una persona particular cuando está absolutamente prohibido por ley revelar datos personales de cualquier ciudadano, con el único objetivo de dañar la imagen personal de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta cometió el error de salir en defensa de su novio, cuando debería haberse quedado al margen. Este error ha sido utilizado por la prensa del régimen y el propio Gobierno para hacerla responsable de un delito que no ha cometido ella sino su pareja que será, en todo caso, quien tendrá que rendir cuentas ante Hacienda, pagando la multa correspondiente, como cualquier ciudadano que comete un fraude ante el fisco.

Ayuso tendrá que responder de su gestión en la Comunidad de Madrid y no de la de su novio y a tenor del apoyo popular que tiene la presidenta madrileña no debe estar haciéndolo del todo mal, aunque para el presidente del Gobierno sea su peor pesadilla.

El Gobierno ha utilizado todas las instituciones del Estado que controla que no son pocas, entre ellas la Fiscalía General del Estado para arremeter contra Ayuso y cargársela políticamente.

No hay que perder de vista la perspectiva porque todo esto ocurre en un contexto político donde la mujer y el hermano del presidente Pedro Sánchez están imputados por varios delitos, al igual que su mano derecha, ministro de Transportes y secretario general del PSOE, José Luis Ávalos. El Gobierno quiere ahora a través de una proposición de ley prohibir a los partidos políticos y asociaciones afines ejercer la acusación particular que hasta ahora estaba recogido en la Constitución en un intento desesperado por impedir que se investiguen delitos que afectan al Gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. La norma de aprobarse sería con carácter retroactivo, con lo cual se paralizarían los procedimientos judiciales que están en marcha, como el que afecta a la mujer y al hermano del presidente. Una reforma que ha sido criticada por todas las asociaciones de jueces.

Frente a una mayor transparencia frente a la corrupción que sería lo deseable en cualquier democracia se opta por por aprobar leyes que protejan a los delincuentes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo anunciaba estos días en una entrevista en un programa de radio, su intención de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez para convocar elecciones anticipadas, si cuenta con los apoyos necesarios. Para ello va a necesitar no solo a Vox sino también al PNV y a Junts. El partido de Abascal ya ha dicho que la apoyaría sino hay más concesiones al independentismo. Falta por saber la postura de los partidos nacionalistas que es muy difícil que la respalden, estando Vox en la ecuación. Por higiene democrática sería importante que dieran el paso.