Antes de ser juzgado por los tribunales de Justicia, que son los únicos que tienen competencia para aplicar las leyes y determinar si un ciudadano es culpable o inocente ante un delito, Iñigo  Errejón ya ha sido condenado. Ocurrió lo mismo con Francisco Camps y con Mónica Oltra, por citar solo unos ejemplos recientes que todos conocemos. En España hace tiempo que son los periodistas, los medios de comunicación y la opinión pública, quienes determinan, quienes son culpables y quiénes no, arrogándose funciones que no les competen. En el caso de Camps después de 15 años de juicios, la justicia le ha exonerado de todos los cargos y lo ha declarado inocente. De poco sirve ahora, cuando ni en su partido lo quieren. Entonces fue Compromís quien lo declaró culpable de corrupción, no los jueces. Y lo mismo ha pasado con Mónica Oltra, pero en el terreno opuesto. El retorno de estas personas a la política es complicado, por no decir imposible. Tanto en un caso como en otro, ninguno de los dos cometieron ningún delito, pese a la pena del telediario que tuvieron que soportar ambos. En el caso del presidente Camps durante 15 años. Todos recordamos las camisetas de Mónica Oltra en Les Corts con la imagen de Camps, acusándolo de corrupción. Nadie le ha pedido perdón 15 años después. ¿Quién le repone el daño moral causado? ¿Quien le resarce su honor?

Iñigo Errejón, el líder de la extrema izquierda española, ex de Podemos, el niño mimado de Yolanda Díaz, Manuela Carmena o Mónica García, ha tenido que dimitir de todos sus cargos por una denuncia de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Su carrera política ha acabado, independientemente de lo que digan los tribunales. Escuchamos en las tertulias a sesudos periodistas que igual te hablan del alto el fuego en Gaza, de las elecciones en EEUU como de la gestación subrogada, sentando cátedra y lo mismo ocurre cuando se abordan  temas judiciales. Parece que tengan más conocimiento de las leyes y más información de la que dispone el juez o el fiscal.

Antes las sentencias se acataban aunque estuvieras en desacuerdo con ellas. La acato, pero no la comparto, oíamos decir a muchos políticos, acusados de corrupción. Ahora es el propio Ejecutivo, quien se atreve a cuestionar las resoluciones judiciales o a criticar a los jueces, pidiendo su revocación o su expulsión de la carrera judicial.

También Iñigo Errejón ha sido ya juzgado y condenado, aunque todavía no se haya pronunciado la justicia que es quien debe tener la última palabra. Da igual lo que digan los jueces.

Errejón y la actriz Elisa Mouliaá declararon ayer ante el juez. Mauliaá ratificó ante el magistrado su denuncia por agresión sexual contra Errejón mientras que el ex portavoz de Sumar mantiene su inocencia y afirma que fueron unas relaciones consentidas y que la actriz solo busca notoriedad con esta denuncia.

La presunción de inocencia en este país que es un derecho consagrado en nuestra Constitución no existe ni para unos ni para otros. Errejón es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Esto que parece tan evidente en un estado de Derecho, hay que recordarlo porque dependiendo de quién sea el encausado, lo damos por hecho o no.

 El juez y solo el juez y no los periodistas ni la opinión pública es quien tendrá que evaluar, a tenor de las pruebas presentadas o de los testigos, si los hubiera, los testimonios de ambos y decidir si hubo abusos sexuales o fue una relación consentida, como defiende Errejón.

Ninguno de nosotros estuvo esa noche para saber lo que ocurrió realmente, pero parece que todos sabemos lo que pasó. Dejemos a los jueces que hagan su trabajo y no interfiramos en la labor del poder judicial.