El rechazo de Junts a los reales decretos que quería aprobar el Gobierno, entre ellos, la revalorización de las pensiones y el bono al transporte, pone de manifiesto la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez que va a tener muy complicado agotar la legislatura.

El partido de Carles Puigdemont vuelve a tensar la cuerda aunque el rechazo a las medidas afecte a más de 12 millones de ciudadanos que ahora verán congeladas sus pensiones por una decisión absolutamente arbitraria y fuera de toda lógica. También el PP y Vox deberán explicar a su electorado, cómo se puede votar en contra de una medida de gran calado social, como son las pensiones.

Junts sigue con su política de hacer valer sus siete diputados ante cualquier medida que quiera aprobar el Gobierno. Los nacionalistas catalanes alegan que no se han cumplido los acuerdos de investidura con el Gobierno.

Uno se pone a repasar detenidamente las concesiones que ha hecho el Gobierno a los antiguos convergentes y salvo en el referéndum de independencia se ha cedido en todo: indultos, ley de amnistía, singularidad fiscal, traspaso de competencias, reforma del delito de malversación, condonación de la deuda…

La exigencia de Puigdemont sigue siendo el referéndum de independencia y no parará hasta conseguirlo, a no ser que el Gobierno decida no ceder a más chantajes.

Ante la falta de acuerdo, ya se da por hecho que el Gobierno prorrogará los PGE pese a que Pedro Sánchez le decía a Mariano Rajoy que sin presupuestos no se podía gobernar. Sánchez es capaz de eso y de más, con tal de continuar apoltronado en La Moncloa.

La minoría parlamentaria con la que cuenta el Gobierno hace que tenga que hacer malabarismos en cada votación, aunque muchas veces, como en este caso, pierdan los ciudadanos.