El traslado de la sede del Banco Sabadell a Cataluña era algo previsible, entre otras razones porque su llegada a Alicante era provisional, como consecuencia de los sucesos derivados por el “procés” en Cataluña en 2017 debido a la inseguridad jurídica que generó y no es descartable que La Caixa siga sus pasos en un plazo corto de tiempo. Más de 8.700 empresas huyeron de Cataluña durante el “procés”.
La noticia no ha sentado nada bien al Gobierno de la Generalitat Valenciana mientras que la oposición con Compromís al frente, atribuye la decisión a la mala gestión de la dana, desconociendo el contexto político y económico de la decisión que nada tiene que ver con la tragedia del 29 de octubre, pero que para los nacionalistas valencianos sirve de pretexto para cargar contra el Gobierno de Carlos Mazón y pedir su dimisión.
La situación de normalidad que se vive ahora en Cataluña ha llevado a la cúpula del Banco Sabadell a tomar la decisión de retornar a Cataluña. No obedece a un pacto político entre el Gobierno y Junts.
El regreso se produce durante la legislatura de Salvador Illa, algo que no consiguieron ni Pere Aragonés ni Carles Puigdemont.
Lo importante de esta decisión es que siga fluyendo el crédito a pymes y autónomos y no peligren los puestos de trabajo que en todas las opas, si fructifica la OPA del BBVA al Sabadell, acaba afectando a la plantilla con recortes de personal y a las oficinas con el cierre de muchas de ellas.
Lo que ha quedado en el olvido es el “regalo” del Gobierno a La Caixa y Banco Sabadell de tres entidades financieras valencianas estratégicas como fueron el Banco de Valencia, Bancaja y la CAM que llevó a los accionistas a perder toda su inversión. Estos días conocíamos la noticia de que la excúpula del Banco de Valencia, entre ellos, José Luis Olivas y Domingo Parra, presidente y consejero delegado, respectivamente, ha sido absuelta del delito de falsedad contable.
