La mala gestión de la dana no solo fue responsabilidad del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Aunque la izquierda solo señale a un único culpable, y organice manifestaciones cada 29 de cada mes, pidiendo la dimisión de Mazón, lo cierto es que hubo una responsabilidad compartida entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno central.

Después de tres meses de la dana, escuchábamos por primera vez al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo que ha permanecido desaparecido y en silencio durante estos días 100 días desde que ocurrió la tragedia, eludir cualquier tipo de responsabilidad sobre la institución que preside. Lo que dijo y nada es lo mismo. La comparecencia de Polo en la comisión de investigación sigue siendo una incógnita y todo parece indicar que lo hará por escrito, aunque se escudó diciendo que hará lo que le pida la Abogacía del Estado.

Claro que la CHJ debe dar explicaciones. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vigilancia del barranco del Poyo es competencia exclusiva de la CHJ. El desbordamiento de este barranco fue el causante principal de los cuantiosos daños materiales y humanos que la dana produjo el pasado 29 de octubre. Su estado y conservación es competencia directa de la CHJ.

Habría que retroceder unos cuantos años atrás, con gobiernos tanto del PP como del PSOE, y preguntarse porque se paralizaron todas las inversiones en obras hidráulicas, entre ellas, las del barranco del Poyo, que ya estaban proyectadas y que por falta de inversión no se acometieron. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado, si esas obras se hubieran hecho?

Puestos a pedir responsabilidades habrá que pedírselas a todos, también a Mazón que debería haber dimitido al día siguiente, pero no solo a él. También a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de quien depende la CHJ y que no se ha dignado a venir a Valencia.

El día 29 y los días previos a la catástrofe se produjeron una serie de errores encadenados como fue la tardanza en activar las alertas a la población o no haber declarado la emergencia nacional, que es competencia del Gobierno central, que llevaron el caos a los pueblos afectados con el resultado en vidas humanas que todos conocemos.

La descoordinación entre ambas administraciones que sigue a día de hoy, tiene como principales perjudicados a los ciudadanos afectados, muchos de los cuales todavía no han percibido las ayudas económicas prometidas y malviven en sus casas.

La izquierda sigue tratando de sacar rédito electoral de esta tragedia con la vista puesta en un adelanto electoral, cuando realmente lo importante en estos momentos es dar soluciones a las personas, comercios y empresas afectadas.Todo sería más fácil desde la unidad. El ruido político ayuda poco. Cada sesión en Les Corts es un auténtico caos. Los ciudadanos confían cada vez menos en la clase política. No quieren confrontación. Quieren soluciones.