La manifestación convocada este pasado domingo por los sindicatos UGT y CCOO, no se sabe muy bien para qué ha tenido un escaso seguimiento en las principales ciudades de España.
La manifestación no era para reivindicar los derechos de los trabajadores sino contra el PP y Vox por haber votado en contra del decreto ómnibus. Una manifestación claramente política e ideológica. Se da la circunstancia de que el PP ha anunciado que votará a favor de la revalorización de las pensiones, después de que el Gobierno y Junts llegaran a un acuerdo para modificar el decreto ómnibus, retirando alguna de las medidas. Aún así hubo manifestación.
El Gobierno ha duplicado la ayuda a los sindicatos hasta los 32 millones de euros. Unos sindicatos al servicio del poder que se mueven únicamente por intereses políticos.
Desde que Pedro Sánchez está en el poder no ha habido ni una sola protesta sindical. Felipe González tuvo que afrontar varias huelgas generales que estuvieron a punto de acabar con su Gobierno, como fue la huelga general del 88, secundada por 8 millones de trabajadores. La primera gran huelga tras la dictadura franquista y la primera contra un gobierno socialista.
Por primera vez en democracia, los sindicatos no se manifiestan contra el Gobierno sino contra la oposición.
No hemos escuchado a los sindicatos manifestarse contra el clima de corrupción que sacude al entorno familiar de Pedro Sánchez. Me pregunto, si permanecerían igual de callados y sumisos, si el presidente del Gobierno fuera del PP. Me temo que no.
La pantomima de sacar a la calle a los sindicatos para criticar a la oposición es más propia de los partidos políticos que de los agentes sociales. Hace ya tiempo que tanto UGT como CCOO se han convertido en un apéndice del Gobierno, bajo siglas sindicales. Han perdido autonomía, representatividad social de la clase trabajadora y capacidad de convocatoria.
Las organizaciones sindicales, también la patronal, reciben ayudas públicas y no se financian por la cuota de sus afiliados. Partidos como Vox piden la supresión de estas subvenciones y que sean los propios afiliados, a través de sus cuotas, quienes sufraguen sus gastos.
El 30% de los trabajadores de los países de la OCDE estaban afiliados a un sindicato. En España esta cifra baja hasta el 14%, muy lejos del 49% de Bélgica o del 66% de Suecia.
La afiliación en España sigue siendo muy baja en relación a otros países europeos. Solo 1 de cada 5 personas en activo está afiliada a un sindicato.
La percepción que tienen los ciudadanos sobre los sindicatos tampoco es muy buena. Un 34% de los españoles no confía en absoluto en los agentes sociales y un 46%, poco.
Los sindicatos han resultado muy eficaces en la negociación de los convenios colectivos para las empresas. Los trabajadores necesitan quien les represente en las empresas para defender sus derechos. Lo digo con conocimiento de causa porque he sido consejero de dos empresas familiares, de sectores distintos como: el papel y el textil. Pero, últimamente, están más preocupados en hacer política que en defender los derechos de los trabajadores.
