La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha querido presentar su ley para la reducción de la jornada laboral, que todavía tiene que ser ratificada por el Parlamento, para lo cual va a necesitar los votos de Junts, como la gran conquista social de los últimos 40 años, cuando realmente esta reducción de jornada ya se aplica en muchas empresas, a través de los convenios colectivos, con jornadas de 37-38 horas. Pero dejemos que la ministra se atribuya el mérito que ayer se la veía muy contenta y no es cuestión de aguarle la fiesta.

La reducción de la jornada a 37,5 horas que afectará a 8,8 millones de trabajadores tendrá un coste sobre las pymes de 11.800 millones de euros.

Esta ley nace, además, sin el consenso necesario porque no se ha pactado con todos los agentes sociales. La patronal no ha ratificado este acuerdo, como sí hizo con la reforma laboral. El dialogo social ha dado paso al monologo social.

Díaz ha ganado el pulso al ministro de Economía, Carlos Cuerpo que pedía tiempo para implementar la medida. Deprisa y corriendo se aprobará la ley en el Consejo de Ministros, mientras siguen las negociaciones con Junts para que vote a favor. También el PNV es bastante reticente a esta medida.

El problema de la reducción de la jornada laboral que va a tener un impacto en la cuenta de las empresas por el alza de los costes laborales, las asociaciones agrarias ya lo han criticado, es que España tiene un problema de productividad y competitividad. A menos horas trabajadas, menos competitividad para nuestras empresas.

La reducción de la jornada laboral tenía que haberse negociado por sectores y no con carácter general porque no es lo mismo el sector servicios que las personas que están teletrabajando en su casa o el profesorado. Es positiva desde el punto de vista de la conciliación familiar.

Las empresas tienen que soportar mayores costes laborales, los trabajadores no verán reducida su nómina, pese a trabajar menos horas, y también más impuestos. Del mismo modo que no se tocan las nóminas de los trabajadores, la medida debería haber contemplado rebajas de impuestos para las empresas, pero el Gobierno no renuncia a su afán recaudatorio, castigando a las empresas y a los autónomos con más impuestos.

La carga fiscal que soportan las pymes y los autónomos, que son los grandes motores de empleo y de crecimiento de nuestra economía, casi el 99% del tejido empresarial está formado por pymes y generan el 70% del empleo, asfixian económicamente a muchas de estas empresas que se las ven y se las desean para terminar el año con resultados positivos en sus cuentas de resultados. Los recursos económicos no son los mismos en una gran empresa que en una pyme.

Siempre se pone como ejemplo a las grandes empresas que obtienen pingües beneficios, banca, eléctricas, criminalizando al empresario, cuando el tejido empresarial en este país está formado por pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales tienen complicado su futuro y su supervivencia como demuestran las cifras: Unos 480.00 negocios en España prevén cerrar con pérdidas en 2024, según el último barómetro publicado por el Consejo General de los Colegios de los Gestores Administrativos que señala que han desparecido 129.000 negocios y 67.000 están al borde del concurso de acreedores.

Esta es la realidad de nuestras empresas por mucho que algunos quieran hablar de conquistas sociales. Para avanzar en conquistas sociales, las empresas tienen que ganar dinero para generar riqueza y puestos de trabajo.