Las competencias en materia de inmigración que eran competencia exclusiva del Estado dejan de serlo para cederlas a Cataluña, tras el pacto con Junts. Un nuevo pacto firmado con un prófugo de la Justicia con la única intención de que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa.
Junts ha sacado de nuevo pecho, tras esta nueva concesión a Cataluña, junto a la quita de la deuda. Nunca siete votos provocaron tanto daño en el resto del Estado como ahora.
A Sánchez que se le llena la boca criticando los pactos del PP con Vox, azuzando el mantra de los peligros de la extrema derecha, no tiene el menor pudor en pactar con una fuerza de derechas como es Junts, que mantiene un discurso antiinmigración, xenófobo y racista, idéntico al que defiende Salvini en Italia, Le Pen en Francia o Trump en EEUU. Pero los malos son los de Vox.
En ese todo vale con tal de continuar en el poder, Sánchez y su Gobierno vuelven a cambiar de opinión, y a saltarse la Constitución, igual que hicieron con los indultos o con la Ley de Amnistía. Lo que antes de las elecciones era inconstitucional dejó de serlo cuando Sánchez necesitó los votos de Junts y ERC. El Gobierno ha pasado de defender que las competencias en materia de inmigración no se pueden delegar ni transferir porque son competencia exclusiva del Estado, como defendió el propio ministro del Interior, Grande-Marlaska en sede parlamentaria, ha defender precisamente todo lo contrario, como hicieron con la Ley de Amnistía.
PP, Vox y Podemos ya han anunciado que votaran en contra de esta trasferencia que dejaría en manos del gobierno de la Generalitat la expulsión de inmigrantes y el control de fronteras. Esto, además, va a dificultar todavía más de lo que ya estaba el reparto entre CCAA de los menores migrantes que siguen hacinados en Canarias.
