La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha resuelto rápido y bien, expulsando al teniente de alcalde Juanna Badenas, tras la imputación por la presunta adjudicación irregular de contratos. El PP y Vox gobiernan en coalición en el Ayuntamiento de Valencia. No así en el Gobierno de la Generalitat donde Abascal ordenó romper los pactos con los populares, tras el visto bueno del PP a la acogida de menores planteado por el Gobierno central.
El partido de Abascal ha abierto una investigación interna contra Badenas por unos contratos a la empresa Imedes.
Mientras se resuelve judicialmente el asunto, Badenas ha sido suspendido de militancia y apartado de cualquier cargo de responsabilidad dentro del partido.
La reacción del partido de Abascal ante un presunto caso de corrupción es la que se espera de cualquier partido político cuando uno de sus dirigentes se ve envuelto en un presunto caso de corrupción. No todos los partidos actúan con la misma dilación y rapidez. Hemos visto otros casos donde imputados pasan al grupo mixto y se niegan a devolver su acta de diputado, como es el caso de José Luis Ábalos que pese a ser expulsado del PSOE, mantiene su escaño en el Parlamento.
La vuelta a la política de Badenas dependerá de lo que diga el Tribunal que le juzgue. La denuncia fue presentada por Compromís.
La corrupción no es de derechas ni de izquierdas. Los partidos políticos lo que deben hacer ante cualquier caso de corrupción es actuar con determinación y firmeza. Vox lo ha hecho en este caso.
Lo que siguen sin tener claro los partidos políticos es en qué momento procesal debe dimitir un cargo público investigado. En este sentido, cada partido tiene sus propias recetas. Unos hablan de la mera investigación, antes imputado; otros, cuando se les abra juicio oral. En cualquier caso es un asunto lo suficientemente grave como para que los partidos políticos actúen con determinación en cada momento y aparten de la vida pública a quienes metan la mano en la caja.
