La pandemia de la que estos días se cumplen 5 años desde la declaración del estado de alarma, dejó en España 14 millones de contagios y 157.000 muertes. Las residencias de mayores se llevaron la peor parte por ser el colectivo más vulnerable. La cifra total de muertos en este tipo de centros asciende a 41.174. Madrid fue la comunidad con más decesos con 6.370 muertes. En Cataluña murieron alrededor de 5.600 ancianos.
Sin embargo, todas las críticas se centran en la gestión de Isabel Díaz- Ayuso durante la pandemia y, especialmente, en las residencias de ancianos. RTVE, la televisión pública que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, ha emitido estos días un documental, bajo el título: “7.291”, absolutamente interesado y manipulador, sobre las muertes en las residencias de ancianos de Madrid, responsabilizando de las mismas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz -Ayuso.
Pedro Sánchez tiene como objetivo político a Isabel Díaz-Ayuso que no debió hacer una mala gestión cuando ganó por mayoría absoluta. La Comunidad de Madrid fue la única que abrió bares y restaurantes en plena pandemia frente a las restricciones de movilidad y negocios que había en otras ciudades y que paralizaron totalmente la actividad económica.
La líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y ex ministra de Industria, Reyes Maroto ha tenido que retractarse de sus palabras después de que llamara “asesinos” al Gobierno de la Comunidad de Madrid. El propio alcalde, José Luis Martínez- Almeida había anunciado la ruptura institucional con el grupo socialista tras estas manifestaciones.
Si hubo errores en la gestión de las residencias madrileñas que se esclarezcan cuanto antes, pero ese cometido no corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez sino a los tribunales de justicia y al igual que se investiguen esas muertas, que se haga también con las que se produjeron en el resto de residencias de España, no solo en la Comunidad de Madrid. Al igual que debe investigarse, la gestión del Gobierno central y de los Gobiernos Autonómicos. El Gobierno de Ximo Puig fue condenado por desproteger a los sanitarios que en la primera ola de la pandemia no tenían equipos de protección, como EPIS o mascarillas, arriesgando sus vidas.
Nada se dice de la gestión durante los primeros días del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa que falló estrepitosamente en el diagnostico de la amenaza o de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que minimizó los contagios a uno o dos casos. Tampoco de Pablo Iglesias, responsable de las residencias en la pandemia. Ni de la manifestación del 8M que lejos de desconvocarse se celebró y algunas personas, como Cristina Almeida animó a las mujeres a que participaran masivamente en la manifestación. Llegó a decir que el machismo es mucho más peligroso que el virus.
El Gobierno prometió una auditoría independiente para conocer cómo se actuó durante la pandemia, pero esta auditoría, sigue sin realizarse cinco años después ni tiene visos de que vaya a llevarse a cabo.
Hubo quien se aprovechó de aquellos terribles días para hacer negocio con la venta de mascarillas, que por aquel entonces escaseaban y con las que algunos se lucraron indecentemente.
Muchos hemos perdido familiares y amigos. Pensábamos que saldríamos más fuertes y unidos de aquella tragedia, pero la realidad es que no hemos aprendido nada de todo aquello y lo peor es que se sigue utilizando políticamente.
