No es el mejor momento para el PP. A la situación que se vive en la Generalitat Valenciana por la mala gestión de la dana se une ahora la crisis abierta dentro del consistorio municipal, tras la macha de dos concejales de Vox que dejan al Gobierno de María José Catalá en minoría. PP y Vox contaban con 17 concejales. Con dos ediles fuera, el gobierno se queda en minoría.
El PSPV ha reclamado elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana. También Compromís. Si se celebraran elecciones, las encuestas apuntan a una reedición del pacto del Botànic.
El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas que ha sido expulsado del partido se niega a entregar su acta de concejal y ha pasado al grupo de los no adscritos. Legalmente tiene todo el derecho a hacerlo, pero el transfuguismo en política debería estar castigado. El acta de concejal o diputado debería pertenecer al partido y no a quien la ostenta, de este modo cuando un cargo público abandona el partido, automáticamente estaría obligado a entregar su acta.
La oposición reclama la celebración de elecciones anticipadas, aprovechando el momento político, donde el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón está cuestionado, incluso, dentro de su propio partido por la nefasta gestión de la dana y donde la ex consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, junto al exsecretario autonómico de Emergencias han sido imputados por la juez de Catarroja que está investigando los sucesos del 29-O.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá que comenzó gobernando en solitario, no descarta volver a hacerlo hasta que se resuelva la crisis abierta en Vox. Se repite un escenario parecido al de Pedro Sánchez donde va a tener que negociar una a una cada medida que quiera sacar adelante.
Vox no ha sido garantía de estabilidad en ningún momento. El pacto de Gobierno suscrito con los populares a nivel autonómico en diferentes CCAA como: Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana o Extremadura fue roto por el líder de Vox, Santiago Abascal después de que el PP llegara a un acuerdo para el reparto de menores migrantes.
Si esto lo han hecho en gobiernos municipales y autonómicos, no es difícil pensar cómo actuarán ante un hipotético gobierno nacional con el PP.
