Pedro Sánchez y su Gobierno tienen en el punto de mira a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como en las urnas no pueden ganarla, utilizan todos los medios a su alcance, que no son pocos, para atacarla en el terreno personal. Lo han hecho con su pareja, acusada de haber defraudado a Hacienda y lo han hecho con el tema de las residencias de ancianos. Esta vez, emitiendo un documental en la tele pública que paganos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, culpando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de los muertos en las residencias de mayores. El Gobierno aprovecha cada vez que tiene ocasión para atacar a Isabel Díaz Ayuso y pedir su dimisión. Lo hicieron cuando el caso de su hermano por el cobro de comisiones de mascarillas, donde ni la Fiscalía Europea ni la española han visto irregularidades y lo archivaron y la han vuelto a pedir por el caso de su pareja que está siendo investigada por un fraude fiscal ante Hacienda. En ningún caso, por algo que afecte a su gestión al frente de la Comunidad de Madrid que, entiendo es por el único motivo por el que deben pedirle responsabilidades. Por la misma razón habría que pedir la dimisión de Pedro Sánchez que tiene a su mujer y a su hermano, imputados. Sin mencionar al que ha sido su mano derecha, ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.
7.291 que es el número de ancianos que pudieron morir en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid es el título que han elegido los guionistas de este infame reportaje para señalar a un único culpable, y para quienes el Gobierno actuó de forma eficiente, ejemplar y correcta en la mayor tragedia que asoló al mundo entero.
Un panfleto propagandístico a mayor gloria de Pedro Sánchez que utiliza todas las herramientas del Estado, en este caso, la televisión pública; otras veces la Fiscalía del Estado, para cargarse políticamente a Isabel Díaz- Ayuso. Nunca ha habido en democracia, un fiscal general del Estado, imputado por un presunto delito de revelación de secretos.
Por allí no aparecen ni Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad ni Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, responsable de los servicios sociales y, por tanto, de la residencias durante el estado de alarma. Fue el propio ministro quien delegó en Pablo Iglesias la coordinación de los servicios sociales, entre los que se encuentran las residencias.
El líder de Podemos nunca pisó ninguno de estos centros para mayores donde se cebó lo peor de la pandemia por ser el colectivo más vulnerable y donde más muertes se registraron.
Pablo Iglesias, alejado de la política en la actualidad, pero que por aquel entonces era vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, nunca dio explicaciones sobre su gestión.
El descontrol de información que hubo durante el estado de alarma tampoco se analiza. Como tampoco que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el segundo estado de alarma que tuvo a toda la población confinada en sus casas.
Todos recordamos al entonces responsable de Emergencias, Fernando Simón, minimizando los riesgos de contagio y al propio ministro de Sanidad, Salvador Illa que cinco años después de aquella tragedia ha reconocido en una entrevista que si se hubiera actuado antes, las cosas hubieran ido mucho mejor.
Lo único que funcionó bien durante aquellos terribles días fue el proceso de vacunación y un comportamiento ciudadano que fue ejemplar en aquellos difíciles meses. También los sanitarios que tuvieron que ejercer su trabajo, sin medidas de protección durante la primera ola del coronavirus, poniendo en riesgo sus vidas, el Gobierno de Ximo Puig fue condenado por ello, dieron un ejemplo de trabajo y compromiso con la sociedad.
Lo terrible de todo esto es que los políticos siguen utilizando este drama humano para hacer política, buscando, no justicia y reparación para las víctimas que sería lo justo sino un rédito electoral.
