Son momentos para estar unidos al margen de las ideologías, máxime cuando estamos hablando de reconstrucción. Ni en situaciones como la que estamos viviendo, los políticos son capaces de ponerse de acuerdo. PP y Vox sacaran adelante los presupuestos, sin el apoyo del PSPV, que un principio dijo que los apoyaría, y de Compromís. Anoche escuchaba a la consejera de Hacienda, Ruth Merino, que fue entrevistada por Luis Motes en la 8 Mediterráneo referirse a estos presupuestos como los más expansivos en materia social. Los presupuestos son la principal ley de cualquier gobierno.
Me hubiera gustado encontrar en ese acuerdo también al PSPV que en un primer momento se puso del lado del Gobierno de la Generalitat, que es lo que se espera de un partido que pretende gobernar esta comunidad. Compromís nunca estuvo ni tampoco se le esperaba. Los nacionalistas valencianos han jugado desde el primer momento a sacar rédito político de esta enorme desgracia que ha vivido el pueblo valenciano.
Hace 6 años, en 2019, el PSOE, Podemos y Compromís presentaron un plan para “renaturalizar”, así lo llamaban, el cauce del río Turia, es decir, cargarse el Plan Sur que ha sido vital para que Valencia, como ocurrió hace 50 años, no quedara totalmente anegada. El objetivo era convertirlo en un gran corredor verde, con espacios recreativos, carriles bicis e instalaciones deportivas. Todo muy “happy flower”. Me pregunto qué habría pasado, si esta ocurrencia se hubiera llevado a cabo, como quería Compromís y el resto de la izquierda. El Plan Sur ha evitado que Valencia resultara inundada. Una obra faraónica que hizo Franco después de la riada del 57. Desde entonces no se ha vuelto a hacer una obra hidráulica de estas dimensiones. Si se hubieran acometido las obras para encauzar el barranco del Poyo que estaban programadas y presupuestadas (240 millones de euros), se habrían evitado muchas muertes Unas obras aprobadas en 2011 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero que se paralizaron por la Ley de la Huerta, como ha reconocido la propia CHJ.
Ayer conocíamos una iniciativa de este grupo para eliminar por ley la retribución económica que perciben los ex presidentes de la Generalitat. No lo hicieron en los ocho años del Botànic cuando gobernaban en coalición con el PSPV y Ximo Puig era presidente de la Generalitat. Lo hacen ahora con una clara intencionalidad política contra Carlos Mazón. Su discurso en estos cinco meses ha sido: Mazón dimisión y convocar elecciones. No se les ha escuchado, tampoco a los socialistas valencianos ninguna media proactiva que ayude a la reestructuración. Todo es poner piedras en las ruedas.
Estos días hemos conocido que las personas que se reunieron con Carlos Mazón en el Palacio de la Generalitat han sido investigadas por parte de la izquierda para conocer su adscripción política. Hay víctimas de primera y de segunda categoría. Mazón debe reunirse con todas las víctimas. Debería haberlo hecho mucho antes. Han pasado cinco meses desde la catástrofe y el presidente de la Generalitat no las ha recibido hasta ahora fruto de la presión social y mediática. Las víctimas requieren toda la atención necesaria.
La justicia debe actuar y lo está haciendo ya para dirimir si hubo o no responsabilidades penales. De momento, han sido imputados la consejera de Justicia, Salomé Pradas y el secretario autonómico de Emergencias. La jueza está recabando toda la información necesaria para esclarecer todo lo sucedido el 29-O y los días posteriores a la dana. La izquierda y los medios afines en un juicio paralelo, ya ha dictado sentencia.
La política no puede interferir en una desgracia como esta. Las personas afectadas quieren soluciones y recibir las ayudas cuanto antes para rehacer sus vidas. Están hartos de batallas políticas.
La oposición ha encontrado su momento, como dijo una ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, politizando una tragedia como la vivida el pasado 29-O que ha dejado 228 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en infraestructuras., donde muchos negocios no podrán volver a abrir sus puertas y mucha gente se quedará sin trabajo. La vuelta a la normalidad es una tarea larga que requiere mucho esfuerzo económico por parte de las administraciones, tanto central como autonómica.
Es incomprensible que a las dos personas que iban a encargarse de la reconstrucción de las zonas afectadas como son: Gan Pampols y José María Ángel no puedan realizar su trabajo de forma coordinada. Tanto la Generalitat como el Gobierno central deben actuar de manera conjunta para ser más eficaces. A Vox no le gusta Gan Pampols que considera un infiltrado del Gobierno y al PP tampoco José María Ángel y en esa batalla política estamos en lugar de centrarnos en lo verdaderamente importante que son las víctimas, sus familiares y las personas que se han visto afectadas por esta catástrofe.
