A la espera de lo que haga Donald Trump con los aranceles aplicados a las bebidas alcohólicas que lo anunciará el próximo 2 de abril. Hoy conocíamos la noticia de que gravará con un 25% a todos los coches no fabricados en EEUU, con alguna excepción para los vehículos importados desde Canadá y México. En 2019, durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, ya impuso aranceles del 25% al vino envasado como medida para compensar las ayudas que algunos gobiernos, entre ellos España, concedieron a Airbus frente al gigante americano, Boeing.
De momento, las bodegas españolas, cuyo principal mercado es EEUU contienen la respiración. Las exportaciones a EEUU representan una buena parte de las ventas al exterior de muchas bodegas, siendo el mercado más relevante y que más está creciendo junto a Alemania. En 2024, España exportó a Estados Unidos 67,3 millones de litros de vino, por un valor de 391,4 millones de dólares. Esto la sitúa como el cuarto proveedor de vino a Estados Unidos en valor y el séptimo en volumen. Para los vinos espumosos españoles, EEUU es el principal destino. El vino es el segundo producto alimentario que más exporta España a EEUU, solo por detrás del aceite de oliva.
Triplicar el precio de un producto es sacarlo del mercado, como reconocía el director general del consejo regulador DO Rioja, José Luis Lapuente.
Tampoco es una buena noticia para los distribuidores /importadores de EEUU donde trabajan alrededor de medio millón de personas que podrían perder su trabajo.
Trump amenazó con gravar un 200% las bebidas alcohólicas, entre las que se encuentra el vino como respuesta a los arancelesimpuestos al whisky americano del 25% .
Con Trump puede pasar de todo. Anunció aranceles a México y luego los quitó. Pero si finalmente cumple su amenaza, el coste que tendrá sobre las empresas españolas va a ser muy importante, lo que afectará negativamente en la cuenta de resultados.
Veremos cómo reacciona la UE, si Donald Trump cumple su amenaza.
Las guerras comerciales no benefician a nadie. Ni a las empresas ni a los consumidores. Generan incertidumbre económica, retrasan inversiones, provocan despidos y aumentan los precios a lo largo de toda la cadena de suministro que, finalmente, terminan pagando las empresas y los consumidores.
