Es más que evidente que Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana tiene una responsabilidad política en la nefasta gestión de la dana y debería haber presentado su dimisión al día siguiente de producirse los hechos. No es admisible desde ningún punto de vista que continúe en el cargo. La gestión de la emergencia es competencia exclusiva del Gobierno de la Generalitat, como ha reconocido la propia jueza de Catarroja. Por tanto, que no se mandaran los avisos a la población, advirtiendo del riesgo de inundaciones era competencia del Gobierno de la Generalitat y no del Estado central. Cuestión aparte es dirimir si hubo otras responsabilidades, que en mi opinión sí que las hubo, entre ellas, la de la delegada del Gobierno y la del presidente de la CHJ. A la vista de los hechos y ante la manifiesta incompetencia del Gobierno de la Generalitat con su presidente a la cabeza, el Gobierno tenía que haber declarado el estado de alarma, previsto en el artículo 116 de la Constitución  y haber tomado el mando único. Por una cuestión de tacticismo político, no se hizo.

Casi seis meses después de la tragedia que costó la vida a 227 personas, Mazón sigue aferrado a su cargo, sin ninguna intención de presentar su dimisión ni de anticipar las elecciones, como ha pedido la oposición. A lo largo de estos meses ha dado diferentes versiones acerca de dónde estuvo en los momentos más críticos, sin que sepamos aún la verdad. Desde Génova no hay movimientos para forzar su dimisión. Feijóo sigue sin mover ficha, aunque dentro del partido lo consideran un lastre político. El principal problema que tiene ahora mismo el PP a nivel nacional se llama Carlos Mazón. La Comunidad Valenciana es un feudo muy importante para los populares, tras ocho años del Gobierno del Botànic.

Estos días conocíamos una encuesta del periódico digital ESdiario que otorga una mayoría al PP con Vox que revalidaría el gobierno de la Generalitat, gracias a la subida de los de Abascal.

Al margen de lo que digan las encuestas, la memoria de las víctimas debe estar por encima del tacticismo político.

Mazón que ha permanecido oculto durante semanas, sin comparecer ante los medios de comunicación, no puede seguir ignorando sus responsabilidades políticas. Se ha negado a declarar voluntariamente ante la jueza de Catarroja que instruye la causa, que es muy probable que termine imputándolo, una vez agotada la investigación. El cerco judicial se va estrechando y la situación de Mazón es cada vez más complicada mientras crece la presión popular que pide su dimisión.