Han pasado más de seis meses desde que ocurrió la tragedia del 29-O y Pedro Sánchez sigue sin dignarse a venir a Valencia. No asistió al funeral por las víctimas que se celebró en la Catedral y tampoco se ha reunido con los familiares de las víctimas de la dana. Ni se ha celebrado ningún funeral de Estado por las 228 víctimas mortales. La falta de empatía con el pueblo valenciano es más que evidente.
Desde su atropellada visita a Paiporta, el presidente del Gobierno no ha vuelto a pisar tierras valencianas.
Mientras el jefe del Estado, Felipe VI aguantó estoicamente el chaparrón, con barro incluido, Sánchez prefirió poner los pies en polvorosa y salir huyendo como un cobarde.
Sin quitar ninguna responsabilidad a Carlos Mazón por su nefasta gestión de la dana, hubo otros responsables. Si Mazón por su incompetencia manifiesta no fue capaz de mandar la alerta a los ciudadanos y estuvo desparecido en los momentos más críticos, el Gobierno central tenía que haber asumido la gestión desde el primer momento, declarando el estado de alarma, tal como está previsto en la Constitución. Ninguna Comunidad Autónoma tiene recursos propios ni económicos ni de personal para hacer frente a una catástrofe de esa naturaleza. Es el Estado quien debe asumir el mando.
“Si necesitan más recursos, que los pidan”, dijo el presidente Sánchez sobre la ayuda a los valencianos. Los camiones que solicitó Carlos Mazón para limpiar las aguas fecales, el lodo y el barro que se acumulaba en las calles de las zonas afectadas, llegó tres días después de solicitar esa ayuda.
El Ejército llegó tarde. La UME tenía que haber actuado desde el primer momento, desplegando a todos sus efectivos, colaborando en las tareas de rescate y de limpieza. A día de hoy todavía hay gente que no ha podido salir de sus casas. Los ascensores no han sido reparados en muchas de las viviendas. Esto no puede ocurrir en un país avanzado como es España.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ha nombrado a otro militar, el cuarto en su ejecutivo, para que se haga cargo de la dirección general de Emergencias, lo que denota la falta de solvencia y preparación de nuestros políticos.
Muchos nombramientos, pero ninguna gestión efectiva. Existe una descoordinación total entre las diferentes administraciones (Central y Autonómica). No hay un mando único.
Los familiares de las víctimas que han tenido que ir a Bruselas para que se les escuche (seis meses después han sido recibidas por el PP, no lo hicieron en el Congreso del PP Europeo que se celebró en Valencia) tienen toda la razón en reclamar toda la ayuda necesaria y en pedir justicia y reparación. Es una indecencia que las víctimas no sean lo prioritario. Mazón forzó un encuentro en el hall del Palau con un pequeño grupo de familiares y González Pons los ha recibido seis meses después. Unas disculpas que llegan demasiado tarde.
Las responsabilidades políticas no se han asumido por sus responsables. La justicia está actuando para dirimir las responsabilidades penales.
