No me gusta Vito Quiles, ni Antonio Mestre por poner dos casos extremos del periodismo, que recientemente han sido noticia, pero ambos tienen derecho a hacer las preguntas que estimen oportunas a los diputados y a publicar sus crónicas parlamentarias en sus respectivos medios de comunicación. El Gobierno y sus socios de investidura de Sumar, PNV, EH Bildu, ERC y Junts quieren reformar el reglamento del Congreso para regular la actividad periodística, dicho de otro modo, impedir el acceso al Congreso de los Diputados a los periodistas que ellos consideran “ultras” o “agitadores”. Un ataque claramente contra la libertad de información que debe regir en cualquier estado democrático.
Quiles formula las preguntas que otros periodistas se niegan a hacer. En este sentido, forma parte de la libertad de información que ahora el Gobierno se quiere cargar.
Tenemos un Gobierno poco transparente en cuanto a la información que transmite a la opinión pública. Aún no sabemos las causas que provocaron el apagón. La labor de la prensa es fundamental. De toda la prensa. Cada cual es libre después de elegir qué periódico leer o qué cadena de radio o televisión, escuchar.
Ya resulta obsceno en términos democráticos que representantes públicos como: Rufián, Patxi López, Nogueras, Belarra, Baldoví… se nieguen a responder en las ruedas de prensa a las preguntas formuladas por determinados periodistas que están debidamente acreditados y, por tanto, tienen todo el derecho del mundo a formular las preguntas que consideren oportunas. Esto, además, se hace con la complacencia del resto de periodistas que lejos de denunciar la situación, la permiten. No he visto a ninguno de estos periodistas reformular las preguntas que sus señorías se niegan a responder, aduciendo siempre el mismo argumento de que se trata de agitadores de extrema derecha o de “pseudomedios”. ¿Por qué no Vito Quiles y sí Antonio Mestre? Ambos se mueven en posiciones extremas y, sin embargo, uno podrá entrar al Congreso de los Diputados con su acreditación de periodista, aunque no lo sea y otro no. No obstante, es difícil que la proposición de ley salga adelante porque requiere de la mayoría absoluta de la Cámara.
Escuchar a la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua hablar de acoso a políticos, una persona que ha sido condenada por enaltecimiento del terrorismo y cuyo periódico Egin se mofaba del cautiverio de Ortega Lara, es cuanto menos repulsivo.
Estos son los socios que ha decidido tener Pedro Sánchez durante la legislatura y que marcan la agenda política del presidente, con un fugado de la justicia como Carles Puigdemont, dando órdenes desde Waterloo.
Los periodistas no pueden preguntar sobre los presuntos casos de corrupción que afectan directamente a su familia, como su mujer o su hermano. Tampoco lo pueden hacer sobre Santos Cerdán o Ábalos. Los periodistas que se atreven a hacerlo son denunciados por acoso y tildados de agitadores ultras.
La libertad de información como la libertad de expresión son derechos fundamentales que deben protegerse y hoy están en serio peligro.
