La bancada socialista ha recibido con una gran ovación y puesta en pie al presidente Pedro Sánchez que con el “Y tú más”, ha recordado al PP los casos de corrupción y ha vuelto a decir que confió en las personas equivocadas y que los casos de corrupción del Gobierno, a diferencia del PP, se circunscriben a tres personas.

Sánchez cuenta de momento, salvo que salgan nuevos audios o pruebas que involucren a más personas, con el apoyo de sus socios de investidura que descartan, tanto la cuestión de confianza como el adelanto electoral. Solo el PNV ha barajado esta hipótesis que planteó Emiliano García -Page en el comité Federal  del PSOE, sin que ni siquiera fuera debatida ni escuchada.

Tanto la cuestión de confianza como la convocatoria electoral son dos instrumentos previstos en la Constitución, cuya prerrogativa corresponde al presidente del Gobierno.

La moción de censura es otro procedimiento parlamentario que requiere de mayoría absoluta para que salga adelante. En este caso, Alberto Núñez Feijóo no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Feijóo ha tanteado al resto de grupos parlamentarios y solo Vox, la apoyaría. El líder del PP considera que presentarla para perderla sería darle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Vox se aventuró a presentarla en la anterior legislatura con Ramón Tamames de candidato y no fue apoyada por el PP.

La decisión última de someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones corresponde únicamente al presidente del Gobierno. Ninguna de las dos opciones está en la cabeza de Pedro Sánchez que se ha puesto la gorra de capitán para salvar el barco del naufragio anunciado.

Los socios de Gobierno están muy cómodos con Pedro Sánchez ante el temor de que pueda gobernar la derecha con Vox. Prefieren callar ante los casos de corrupción y decir que están muy tristes y cabreados, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, antes que echar a Sánchez. Si esta misma situación se diera con un Gobierno de derechas, los mismos que hoy lo mantienen, estarían pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones, con manifestaciones continúas en la calle y los sindicatos convocando huelgas, cosa que no han hecho desde que está Pedro Sánchez.

En su discurso de hoy en el Congreso de los Diputados, Sánchez solo ha convencido a sus más acérrimos feligreses y a la prensa del movimiento porque resulta difícil creer que no supiera de las andanzas de sus fieles escuderos: José Luis Ábalos y Santos Cerdán, cuando han sido dos personas de su máxima confianza, nombradas por el mismo. Sánchez le dijo a Mariano Rajoy en plena investigación de la Gurtel, que al Congreso y al Senado no se iba a pedir perdón sino a asumir responsabilidades políticas. En los mismos términos que Rajoy se ha expresado Sánchez, pidiendo perdón a los ciudadanos y diciendo que se había equivocado, nombrando a personas de su máxima confianza. Y ahí han quedado sus responsabilidades. A Mariano Rajoy le costó el cargo de presidente del Gobierno.

ERC, Junts y EH Bildu van a seguir apretando al Gobierno para conseguir nuevas cesiones en temas de impuestos,  como el cupo catalán, incluso territoriales. Los independentistas catalanes tienen como objetivo final el referéndum de independencia, que dejará de ser inconstitucional cuando Sánchez vea peligrar su poltrona y necesite el apoyo de sus socios. La ley de Amnistía se aprobó para contentar a Junts y que Sánchez fuera elegido presidente del Gobierno por siete votos, bajo el falaz argumento de que aquel atropello contra la igualdad de todos los españoles que fue la ley de Amnistía iba a contribuir a normalizar Cataluña.

Los socios del Gobierno están dispuestos a tragar con todo, con tal de que no gobierne el PP y Vox, pese a que Alberto Núñez Feijóo ha dicho que no gobernará con los de Abascal.

La decisión de Pedro Sánchez de aferrarse al poder a toda costa, incluso sin poder legislar ni PGE, va a terminar pasando factura a nuestro país, no solo en términos políticos sino también económicos. La UE ha recortado 1.100 millones de euros de fondos al no aprobar las reformas comprometidas con los socios europeos. Y esto no ha hecho más que empezar.