Javier Lambán no era una persona querida en el PSOE por su enfrentamiento directo con Pedro Sánchez. Nunca se calló lo que pensaba. Su firme rechazo a la Ley de Amnistía y a los privilegios concedidos al independentismo, en contra de la línea sanchista, lo situaron en una posición crítica dentro del partido, junto a voces como la del presidente manchego, Emiliano García- Page.
Mientras tanto, otros dirigentes históricos como Nicolás Redondo Terreros o Joaquín Leguina fueron expulsados del partido por sus discrepancias con la línea oficial.
Lo ocurrido en el Gobierno de Aragón en los últimos días no tiene nombre. La bancada socialista se negó a aplaudir el reconocimiento que el presidente Jorge Azcón anunció durante el debate sobre el estado de la comunidad: la concesión, a título póstumo, del premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales a Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto tras una larga enfermedad que no le impidió estar en la primera línea de la política nacional y autonómica, defendiendo hasta el último momento de sus días aquello en lo que creía.
Conceder un premio a un adversario político como ha hecho el PP no es algo habitual en la política española y debería entenderse como un gesto de reconocimiento institucional por encima de las diferencias partidistas y las siglas.
Se trata de un reconocimiento justo a una trayectoria política ejemplar, de una persona que siempre defendió los valores democráticos y la España constitucional.