Los familiares de las víctimas de la DANA han expresado su rechazo a que Carlos Mazón acuda al funeral de Estado que se celebrará el próximo 29 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y no lo expresan por resentimiento, sino por dignidad. Consideran que quien no estuvo cuando más se le necesitaba, tampoco debe estar ahora ocupando la primera fila en nombre de quienes ya no pueden alzar la voz.
Cuando se cumple un año de la mayor tragedia que ha vivido nuestra comunidad, con un balance de 229 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales, aún desconocemos dónde se encontraba el presidente de la Generalitat durante los momentos más críticos.
Su presencia en el Cecopi no se produjo hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando muchas personas ya habían fallecido ahogadas o permanecían atrapadas en garajes y plantas bajas.
Los vídeos y audios que han salido a la luz en los últimos meses y que trataron de ocultarse demuestran que la Generalitat disponía de información suficiente tanto de la AEMET como de la CFHJ. Sabían lo que venía. Había datos claros, avisos reiterados y tiempo para actuar. Se podría haber alertado a la población con horas de margen, pero no se hizo. Y cuando una administración dispone de información crítica y no la transmite a tiempo, no estamos ante un simple error: estamos ante una negligencia institucional.
El cúmulo de errores que se cometieron ese día o puede despacharse como una simple fatalidad meteorológica. No fue solo la intensidad de la lluvia lo que provocó tantas muertes, sino la falta de prevención, la ausencia de coordinación y la lentitud en activar los protocolos de emergencia. Hubo decisiones que no se tomaron, avisos que no se emitieron y órdenes que no llegaron a tiempo. Cuando todo falla a la vez, no hablamos de mala suerte: hablamos de responsabilidad.
La responsabilidad de Mazón como máximo responsable de la situación de emergencia y de su consellera por inacción e incompetencia, resulta más que evidente. El retraso en el envío de la alerta, costó, ese día, muchas vidas.
Existe una responsabilidad política que, a día de hoy, nadie ha asumido. Las penales, si las hubiera, corresponde dirimirlas a los Tribunales de Justicia. Mazón podría acudir voluntariamente a declarar ante el juzgado en calidad de testigo, como le ha solicitado en varias ocasiones la jueza que instruye caso. Sin embargo, el president de la Generalitat ha rechazado hacerlo. Quien dice no tener nada que ocultar debería ser el primero en presentarse ante la Justicia, no el último en responder.
Carlos Mazón está políticamente deslegitimado para seguir siendo el president de todos los valencianos. No lo afirman únicamente los familiares de las víctimas; también una gran parte del pueblo valenciano que no quiere convertir un acto de memoria en un ejercicio de propaganda institucional. El duelo merece respeto.
