El partido de Carles Puigdemont ha vuelto a lanzar un ultimátum a Pedro Sánchez por no haber cumplido sus compromisos con los convergentes en materia de inmigración, lengua y traspaso de competencias, especialmente aquellas relacionadas con la financiación singular para Cataluña, es decir, la gestión directa de sus propios impuestos mientras otras comunidades, como la Valenciana, continúan infrafinanciadas. Todo lo contrario de lo que debe ser la solidaridad territorial, donde las comunidades más ricas aportan y contribuyen más al conjunto del Estado para que se puedan construir hospitales, escuelas o carreteras. Quien más tiene, más debe aportar a la caja común, en línea con el principio de solidaridad territorial que rige la financiación autonómica en España hasta la llegada de los partidos independentistas a las instituciones del Estado.

A Junts, cuyas encuestas no le son muy favorables en Cataluña por el crecimiento de Aliança Catalana, sigue tensando la cuerda en el Ejecutivo central para obligar a Sánchez a cumplir sus pactos de investidura con los convergentes.

Junts habla en el Congreso de los Diputados de lo único que le importa: Cataluña. La estabilidad política les importa bien poco, por no decir nada.

Junts es un socio bastante incómodo y volátil para el Gobierno, pero necesario para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa. Han votado de la mano de PP y Vox para tumbar iniciativas parlamentarias del Gobierno como la reforma laboral, el escudo social, los impuestos a las grandes eléctricas o la reducción de la jornada laboral. Junts, junto con el PNV, forman parte de ese gobierno progresista del que tanto alardean los socios de Sánchez.

Aunque el presidente del Gobierno no ha puesto fecha al encuentro, Sánchez se reunirá con Carles Puigdemont fuera de España porque el president catalán sigue sin poder regresar a Cataluña pese a la aprobación de la Ley de Amnistía, avalada por el Tribunal Constitucional, pero todavía sin efectos legales al no estar contemplado el delito de malversación.

Sánchez que prometió traer a España a Puigdemont para que rindiera cuentas ante la justicia española por su participación en el golpe de Estado del 1-O  no descarta ahora un encuentro político con un prófugo de la justicia que huyó en el maletero de un coche tras el referéndum independentista. Lo que es claramente una anomalía democrática en cualquier país de nuestro entorno, a nadie se le pasa por la cabeza que, por ejemplo, el presidente de Francia se reúna con un delincuente, pasa a convertirse, no por razones de interés general sino por pura aritmética parlamentaria en un paso necesario para la reconciliación y la normalidad en Cataluña, aunque para ello haya que cambiar el Código Penal y la Constitución, absolviendo e indultando a quienes atentaron contra la soberanía nacional.

Los siete votos de Junts marcan la agenda política del presidente Sánchez.

No es la primera vez que Junts amenaza con poner fin a la legislatura y romper el acuerdo de legislatura con el PSOE, lo que obligaría a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas. Un escenario que no beneficia a Junts. 

La reunión anunciada para el próximo lunes en Perpiñán y el anuncio de someter a una consulta a la militancia sobre si deben mantener o no el apoyo a Pedro Sánchez marca un momento clave en la estrategia de Junts, que busca reafirmar su influencia política y enviar un mensaje tanto al Gobierno como a su electorado sobre su papel como socio imprescindible pero condicional.