Política de baja estofa

En lugar de colaborar con el Gobierno de la Generalitat para agilizar las ayudas a los damnificados, el Gobierno central que dispone de más medios económicos y materiales solo ha abonado 1.054 millones de euros de los 16.600 millones comprometidos en ayudas directas a familias y empresas,  Sánchez, que ha eludido cualquier responsabilidad en la tragedia, continúa con su campaña electoral, en breve habrá elecciones en Andalucía y Extremadura, cargando contra los gobiernos autonómicos del PP. Incendios, la dana y errores en el cribado de pacientes con cáncer de mama, aunque en este último caso también se hayan producido fallos en Castilla La Mancha, donde gobierna el socialista Emiliano García-Page. Pero todo vale con tal de hacer política.

Pedro Sánchez, que no ha vuelto a Valencia desde su accidentada visita a Paiporta donde salió por piernas, habla únicamente de lo que le interesa, mientras su Gobierno se ve salpicado por casos de corrupción y escándalos que afectan a personas de su máxima confianza en la cárcel, como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán o a punto de entrar, como el ex ministro José Luis Ábalos y su entorno familiar con su mujer y su hermano imputados y con el fiscal general del Estado sentado en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. A Sánchez solo le interesa desviar la atención para no hablar realmente de lo importante. Las informaciones sobre una presunta financiación irregular del PSOE, con supuestos pagos en efectivo sin justificar y movimientos opacos de dinero en Ferraz, han puesto a Sánchez entre las cuerdas, precisamente porque fue la corrupción del PP con la sentencia de la Gúrtel la que propició que Pedro Sánchez ganara la moción de censura contra Mariano Rajoy, siendo ponente de la misma José Luis Ábalos, haciendo una defendida defensa de regeneración política y ejemplaridad institucional.

Ante la inacción del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón- durante la tragedia de la dana- donde permaneció desparecido en los momentos más críticos, Sánchez tenía la obligación de asumir el control y decretar el estado de alarma, delegando la gestión en la persona del ministro del Interior, Grande Marlaska. No lo hizo. Al contrario: se limitó a declarar que “si necesitan ayuda, que la pidan”, como si la catástrofe no mereciera la atención urgente del Gobierno central, pese las 229 víctimas mortales y las millonarias pérdidas materiales.

Fallaron todas las administraciones, la central y la autonómica. Y mientras los ciudadanos tratan de reconstruir sus vidas, los responsables políticos continúan midiéndose en reproches y calculando beneficios electorales sobre las ruinas de la tragedia.

La imagen de colaboración entre administraciones  que se produzco a los pocos días de la tragedia, cuando vimos a Mazón y Sánchez charlar amigablemente, en un ambiente distendido, dispuestos a cooperar mutuamente, saltó por los aires a las pocas horas de esa reunión, aparentemente fraternal entre ambos dirigentes. El PSOE-PSPV incluso llegó a ofrecer su apoyo al PP  para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, en un gesto que podría haber facilitado la reconstrucción y acelerado la llegada de las ayudas.

Sin embargo, un año después, todo se ha reducido a reproches, desconfianza y  un constante cruce de acusaciones entre ambas administraciones, donde quien más pierde son los ciudadanos.