Es muy probable que Carlos Mazón presente su dimisión como presidente de la Generalitat en los próximos días, o quizá en las próximas horas, ante la enorme presión social que está soportando. No solo por parte de los familiares de las víctimas, sino también de su propio partido, porque la crisis ya no solo afecta únicamente al propio Mazón, sino a todo el Partido Popular.

La situación que vivió durante el funeral de Estado es insostenible para un presidente que ha perdido el apoyo de la ciudadanía, más del 82% de los valencianos cree que debería dimitir, según una encuesta del periódico Levante EMV. También en Génova, que hasta ahora no había mantenido una posición firme y clara sobre el futuro político de Carlos Mazón, hasta que la crisis ha empezado a afectar al propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Algunos ya hablan del caso Feijóo.

Se barajan tres hipótesis: relevo interno, interinidad con Vox o adelanto electoral. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura con María Guardiola que tiene muchas opciones de lograr mayoría absoluta sin la necesidad de depender de Vox,el escenario de un adelanto electoral no es la mejor opción para el PP valenciano, con Vox pisándole los talones y con una izquierda que podría aprovechar la debilidad del PP para arrebatarle el gobierno autonómico, si bien el PSOE-PSPV no ha resuelto todavía su crisis de liderazgo con una Diana Morant impuesta por Pedro Sánchez que no termina de tener tirón electoral y no ha estado al pie del cañón, como sí lo ha estado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Durante estos días se han barajado varios nombres para suceder a Mazón: Vicent Mompó, María José Catalá y Pérez Llorca. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya descartó cuando estalló la crisis, postularse como sustituta de Carlos Mazón.

Mazón perdería la condición de aforado si renunciara al cargo, y, por tanto, podría ser juzgado por un tribunal ordinario. No perdería, en cambio, el sueldo, que ya tiene garantizado para los próximos 15 años, como el resto de ex presidentes de la Generalitat.

En mi modesta opinión,  en las últimas horas todo ha dado un vuelco, no solo  en el terreno político sino también en el  judicial, tras conocerse- como  informaba el periódico Levante EMV- que Maribel Vilaplana le mostró aCarlos Mazón, durante la comida en El Ventorro, un video con las imágenes del río Magro desbordado a su paso por Utiel. De confirmarse esta versión, cambiaría el futuro no solo político, sino también judicial de Carlos Mazón, por hacer caso omiso a una información tan relevante.

Que Mazón dimita cambia las cosas en el terreno político, y la izquierda se lo atribuirá como un éxito propio. Sin embargo, quedan todavía muchas responsabilidades por depurar que no terminan con Mazón. Empezando por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que no ha vuelto a visitar Valencia desde que huyó de Paiporta, salvo el día del funeral de Estado que estuvo junto al Rey para evitar ser increpado, y, por supuesto, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que en ningún momento descolgó el teléfono para advertir de la magnitud de la catástrofe, pese a disponer en tiempo real de los datos que confirmaban un riesgo extremo de desbordamiento del barranco del Poyo.

Aunque la responsabilidad principal de la gestión corresponde a la Generalitat Valenciana, tal como ha señalado la jueza, es evidente que hubo fallos en todos los niveles institucionales que no pueden quedar sin investigar y que afectaron a todas las administraciones del Estado, tanto autonómica como central. Pero la izquierda, fiel a sus postulados dogmáticos, da por cerrado el caso con la dimisión de Mazón.