Pedro Sánchez ha pedido la convocatoria de elecciones en la Comunidad Valenciana, pero no parece dispuesto a aplicar la misma receta en España, pese a haber perdido la mayoría parlamentaria que le permitió ser investido presidente del Gobierno con el apoyo de Junts y del resto de partidos independentistas. Una mayoría que se desquebraja cada día que pasa.
La posibilidad de que el PP presente una moción de censura es prácticamente inviable, ya que necesitaría los votos de Vox y de Junts o del PNV. Ni Junts ni el PNV aceptarían apoyar una iniciativa junto al partido de Abascal, pese a los intentos de Alberto Núñez Feijóo por acercar posiciones y limar asperezas con los nacionalistas vascos y catalanes. Sin embargo, tanto Junts como el PNV han dejado claro que no se prestarán a apoyar una iniciativa que coincida con los intereses del partido de Santiago Abascal, haciendo imposible armar una mayoría alternativa.
Junts considera incumplido el pacto de legislatura que hizo a Sánchez presidente del Gobierno y ha anunciado que votará en contra de todas las iniciativas parlamentarias del Ejecutivo. Esta decisión supone, en la práctica, un bloqueo total a la capacidad del Gobierno para sacar adelante su agenda legislativa.
En la Comunidad Valenciana, en cambio, el PP ha logrado aprobar los presupuestos autonómicos con el apoyo de Vox, lo que garantiza estabilidad institucional al Gobierno del Consell, ya que ese apoyo se mantiene, a diferencia de lo ocurrido con Junts en el Congreso, donde parece que la situación es ya irreconciliable, pese a las continúas amenazas de ruptura que ha habido desde que comenzó la legislatura, máxime cuando el ex president catalán, Carles Puigdemont sigue sin poder regresar a España en aplicación de la Ley de Amnistía.
A diferencia de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, donde Sánchez reclama un anticipo electoral, el presidente del Gobierno no podrá aprobar los PGE ni ninguna otra ley tras el portazo de Junts. La legislatura está bloqueada, sin una mayoría que respalde a un Gobierno que ya no tiene capacidad de actuar ni de legislar.
Ante esta situación de bloqueo institucional, la única salida razonable sería convocar elecciones para que los españoles puedan votar libremente en las urnas. En una democracia parlamentaria, cuando un gobierno pierde la mayoría que le otorga legitimidad y capacidad de acción, la vía más transparente y coherente es convocar elecciones y permitir que los españoles decidan libremente el rumbo político del país.
El Gobierno no puede sostener la legislatura sin PGE, que son la ley fundamental para ejecutar un programa político.
Sánchez que es partidario de que en la Comunidad Valenciana se convoquen elecciones anticipadas, no se aplica la misma receta a nivel nacional cuando tiene un gobierno en minoría, sin estabilidad parlamentaria e incapaz de sacar leyes adelante.
La situación se agrava con las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar y con la erosión institucional por los casos de corrupción que cercan al Gobierno, lo que incrementa el clima de desconfianza y confrontación política.
La obsesión de Sánchez con prolongar su mandato evidencia a un presidente más preocupado por aferrarse al poder que por gobernar.
Es una anomalía democrática, propio de otros regímenes, que Sánchez pretenda seguir adelante contra viento y marea sin el respaldo del Congreso de los Diputados.
