La izquierda ha utilizado el dolor de las víctimas desde el primer momento para hacer política. Lo vimos al día siguiente de la dana y lo seguimos viendo un año después.
Continúan las concentraciones organizadas por la izquierda para pedir prisión para Mazón y la destitución de todo el Consell. Ahora también se señala a Susana Camarero, Vicent Mompó y Pérez Llorca. Este último ha sido citado por la jueza que instruye la causa en calidad de testigo, justo cuando su nombre sonaba con fuerza como sustituto de Carlos Mazón. El propio Pérez LLorca lo atribuye a una casualidad.
Los mismos que reclaman elecciones en la Comunidad Valenciana, como es el caso de Compromís, siguen apoyando con sus votos a Pedro Sánchez y lejos de pedir un adelanto electoral a nivel nacional, tras los casos de corrupción que están siendo investigados, que no solo afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno, sino también al PSOE, con una presunta financiación irregular, la misma que hizo caer al PP; continúan calentando la calle, después de que Carlos Mazón haya presentado su dimisión. Ya no es el político lo que importa sino la persona. Ahora se ponen la toga para pedir prisión para el presidente de la Generalitat, que todavía no ha sido imputado. Y si lo fuera- cuando ya no esté aforado y siempre por decisión judicial, no la calle ni los partidos políticos- sino cuando lo decida el juez, respetando todas las garantías procesales, entre ellas, la presunción de inocencia. La izquierda ya lo ha condenado antes de ser juzgado. La pena del telediario que utilizan para cargarse a los rivales políticos. Así ocurrió con Francisco Camps, finalmente absuelto en todos los procesos a los que fue sometido tras un calvario judicial de más de diez años. Nadie le ha pedido perdón después, ni siquiera aquellos que acudían a Les Corts con camisetas reivindicativas con su cara como si fuera un criminal. La política debería ser otra cosa: pacto, diálogo, consenso.
Leía el otro día una entrevista que el periódico El País hacía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que afirmaba que el fiscal general del Estado es inocente, cargándose uno de los pilares fundamentales del estado de Derecho como es la separación de poderes. Si es culpable o inocente lo decidirán los magistrados del Tribunal Supremo que son quienes lo están juzgando. Hasta hace no tanto, se respetaban las resoluciones judiciales y se acataban, fuera cual fuera el veredicto. Ahora, cuando una decisión no gusta, se acusa a los jueces de “lawfare”.
Algunos políticos, como he leído en el periódico Levante-EMV, han llegado a calificar al actual Consell de “il.legítim”. Si nos saltamos las normas más elementales de la democracia, que consisten en respetar el resultado de las urnas,permitiendo gobernar a quien ha ganado las elecciones o consigue formar una mayoría parlamentaria que lo respalde, mal vamos.
A diferencia de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez, además de no contar con una mayoría parlamentaria sólida, no va a conseguir sacar adelante los PGE, que son la norma más importante de un Gobierno. El Gobierno de la Generalitat es un gobierno legítimo, democráticamente elegido por los ciudadanos, igual de legítimo que el Gobierno de Pedro Sánchez.
La izquierda valenciana no ha asumido que perdió las elecciones en mayo de 2023 y que todavía quedan dos años de curso político. El Estatut es claro: Mazón, como presidente en funciones, no puede convocar elecciones. Le corresponde al partido más votado, que ha sido el PP, proponer a un candidato, y si alcanza mayoría en Les Corts, será investido presidente de la Generalitat. Si no fuera posible, se convocarán elecciones automáticamente. Así funciona la democracia.