Con Carlos Mazón fuera del Gobierno de la Generalitat, tarde, pero ya fuera; lo que no ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni el presidente de la CHJ, Miguel Polo; la secretaria del PSOE-PSPV y ministra, Diana Morant a quien no se le ha visto el pelo durante la dana, continúa con su particular inicio de campaña electoral y ha anunciado que visitará un centenar de pueblos valencianos para reclamar elecciones en la Comunidad Valenciana, cosa que no hace a nivel nacional, donde su jefe sigue aferrado al poder, sin una mayoría parlamentaria que le respalde.
Es curioso como esa prisa en pedir un adelanto electoral que tienen tanto el PSPOE-PSPV y Compromís, socios en el Gobierno de España, no la tengan igual para pedir elecciones a nivel nacional.
Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con la propuesta que Santiago Abascal le hizo a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados:” Convoque usted elecciones y, a continuación, yo lo haré en la Comunidad Valenciana”. Pero parece que Sánchez no está por la labor de dar la voz a los ciudadanos, como sí exige en Valencia.
España vive un bloqueo institucional evidente: sin PGE y sin apoyos parlamentarios sólidos en el Congreso. Pero, para los socialistas y los nacionalistas valencianos, las elecciones solo deben celebrarse en la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, hay presupuestos y el PP cuenta con el apoyo de Vox: algo que contrasta con la situación en Madrid, donde los socios de investidura han dado por roto el pacto, especialmente después del último movimiento de Junts, aunque ha vuelto a salvar al Gobierno en el último momento para la moratoria de las centrales nucleares.
Estos días hemos visto a Diana Morant a las puertas de Les Corts, abrazando a los familiares de las víctimas de la dana, en un gesto que muchos han interpretado como un ejercicio de oportunismo político. También hemos visto a Joan Baldoví, erigirse, sin que nadie se lo pidiera, en portavoz de esas mismas víctimas.
El relato está claro: la izquierda ha centrado exclusivamente la responsabilidad política en Carlos Mazón. Y, ahora que Mazón ha dimitido, harán lo mismo con su sucesor, previsiblemente Pérez Llorca, quien no ocupaba ningún cargo de responsabilidad dentro del Consell en el momento de producirse los hechos que ahora están siendo objeto de investigación judicial por parte de la jueza de Catarroja.
Es cierto que un año después de la tragedia seguimos sin saber dónde estuvo Mazón la fatídica tarde del 29-O. Pero tampoco sabemos dónde estaban los representantes del PSOE-PSPV o de Compromís a esas horas críticas, aunque para algunos ese detalle parezca irrelevante.
Nadie discute la responsabilidad institucional que tenía Mazón aquel día como presidente de todos los valencianos y su dimisión se ha producido muy tarde; eso es evidente, peropretender atribuirle toda la responsabilidad es una simplificación interesada del relato. Porque aunque las emergencias sean competencia autonómica, la magnitud de la tragedia- con municipios completamente anegados, un balance devastador de víctimas y daños materiales multimillonarios-, exigía una reacción inmediata por parte del Gobierno de España. Era un escenario más que suficiente para que el Ejecutivo asumiera el mando en aquel momento, y declarara el estado de emergencia nacional. No lo hizo por una cuestión de tacticismo político. Aún resuenan las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “si necesitan ayuda, que la pidan”.
Centrar toda la responsabilidad en una única persona, ignorando la inacción de otras administraciones es una estrategia política que puede servir para construir un relato, pero no para ofrecer respuestas ni justicia a las víctimas. La tragedia del 29-O fue un fracaso colectivo de coordinación institucional, no un error individual.
