La prisa política supera a la prudencia institucional

Como era de esperar, la extrema izquierda no ha tardado en calificar el fallo de “golpe de Estado judicial”. Una acusación gravísima en un estado de Derecho. Curiosamente, no levantaron la misma voz contra los jueces cuando todas sus querellas fueron archivadas por los tribunales.

Si la sentencia hubiera sido absolutoria, como se atrevió a anticipar el presidente del Gobierno antes de que los miembros del Tribunal Supremo se pronunciaran, entonces los jueces habrían aplicado correctamente la ley y se habría hecho justicia con un inocente. Pero como la sentencia no ha gustado ni al Gobierno ni a sus socios, los jueces pasan a ser calificados de “fachas con toga”.

Cinco de los siete miembros del Tribunal han considerado culpable al fiscal general del Estado, tras escuchar a todas las partes implicadas. Todo indica que había  suficientes elementos para sostener la condena. En cualquier caso, la sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A los responsables políticos se les debería exigir  el máximo respeto a las sentencias judiciales y a la independencia del poder judicial, porque de lo contrario se pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de Derecho, como es la independencia del poder judicial. Lo que no es normal es que los partidos conviertan cada resolución judicial en munición partidista con la que desgastar al adversario o blindar a los propios.

Tampoco el Partido Popular queda al margen de esta tendencia, al acusar al Tribunal Constitucional de contaminación política por la Ley de Amnistía. La crítica institucional se ha convertido en un arma recurrente, incluso cuando procede de fuerzas que, en otras circunstancias, reclaman respeto absoluto a la separación de poderes.

Por el momento, solo se conoce el fallo, pero no la sentencia completa, que aún está pendiente de redacción. Por tanto, todavía no se han hecho públicos los motivos que han llevado a la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo a condenar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y al pago de una multa. De nuevo, la prisa política supera a la prudencia institucional.

Al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tan prolífico en las redes sociales, como el propio Óscar Puente, ojalá fueran igual de diligentes en el Congreso de los Diputados,  le ha faltado tiempo para acusar a los miembros del Tribunal de proteger a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”, ha escrito en su cuenta de X.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que trató de llegar a un pacto con la fiscalía tras reconocer los hechos, aún no ha sido juzgada por los delitos fiscales que investiga la Agencia Tributaria.

La independencia judicial es, quizá, la pieza más frágil y a la vez más esencial del Estado de Derecho. Cuando se resquebraja —o cuando se proyecta la sombra de su deterioro— toda la arquitectura institucional comienza a temblar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en España: una erosión lenta, silenciosa, pero profunda, alimentada desde el propio poder político.