A Mariano Rajoy se le acusó de que el independentismo creciera de manera exponencial en Cataluña. Es posible que su inacción diera alas al movimiento independentista. Con Pedro Sánchez ya en el Gobierno, se atribuyó a su gestión el éxito de rebajar la tensión y normalizar la situación política en Cataluña, indultó a los políticos responsables del “procés, pronúnciese “prucés”, salvo CarlesPuigdemont, que continúa huido de la justicia, promovió la rebaja del delito de malversación con un Código Penal hecho a la medida de los golpistas y aprobó una Ley de Amnistía que había sido considerada inconstitucional por la parte socialista del Gobierno hasta que necesitó los siete votos de Junts, convirtiendo así la necesidad en virtud.
Ahora, con el independentismo en sus horas más bajas, emerge un nuevo fenómeno: el ascenso de la extrema derecha en Cataluña. El partido de Silvia Orriols, Aliança Catalana, más extremista incluso que Vox, podría convertirse en la segunda fuerza política por delante de Junts y ERC, mientras que Vox podría obtener más votos que el PP. Este escenario dejaría un Parlament todavía más fragmentado de lo que ya está en estos momentos con partidos tan extremistas como la CUP y Aliança Catalana, sentados en los escaños del Parlament.
Cae el independentismo y sube la extrema derecha.
¿Qué ha ocurrido no solo en Cataluña, sino también en el resto de España para que la ultraderecha pueda aspirar a unos resultados electorales tan altos, como pronostican todas las encuestas, y que en el caso de Vox, podría darles 60 escaños en el Parlamento nacional?
En primer lugar, han fracasado las políticas sociales de la izquierda en materia de vivienda, que es el principal problema para muchos jóvenes, que no pueden emanciparse porque la vivienda, lejos de ser un derecho, como reconoce la propia Constitución, se ha convertido en una mercancía puramente especulativa manejada por los grandes fondos de inversión. A esto se suma el fenómeno creciente de la inmigración irregular, un problema al que ni el PP ni el PSOE han sabido dar una respuesta eficaz.
La extrema derecha ha enarbolado esa bandera con discursos de odio, prometiendo la expulsión de los inmigrantes en situación irregular y una parte de la juventud ha asumido ese mensaje ante la falta de alternativas políticas creíbles.
O los partidos tradicionales, PP y PSOE, se ponen las pilas y abordan el problema de la inmigración mediante un gran Pacto de Estado, o la extrema derecha seguirá capitalizando el malestar social y ampliando su espacio político a costa de la inacción de los demás, poniendo en peligro la democracia y el sistema de libertades que tanto esfuerzo ha costado consolidar.
Todos estos jóvenes, cerca del 20%, que ahora dicen que no les importaría vivir en un régimen autoritario lo hacen desde el más absoluto desconocimiento, porque no han conocido ni vivido bajo un régimen totalitario que restringía todas las libertades. Ahora, precisamente que se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco, es más necesario que nunca defender la democracia.