Era fácilmente previsible la reacción del Gobierno y sus socios al conocerse el fallo, que no aún los fundamentos jurídicos, de la sentencia que ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos: calificar la resolución de política, atacar a los magistrados y sembrar la idea de que el Tribunal Supremo actúa movido por intereses partidistas. Nada nuevo.
Acusaciones gravísimas como “golpismo judicial”, o “fachas con togas”, han ocupado titulares en los medios de comunicación en los últimos días. Son expresiones impropias de un Gobierno que debería ser el primero en preservar la división de poderes y la independencia judicial.
A las puertas del Tribunal Supremo se han producido manifestaciones en las que hemos podido ver al ex magistrado Baltasar Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación, acompañado de su actual pareja, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado con Pedro Sánchez. Una imagen que añade aún más carga política al momento y refuerza la percepción de que determinados sectores intentan ejercer presión sobre el Poder Judicial en pleno proceso de cuestionamiento institucional.
Resulta difícil no establecer comparaciones con otros casos también juzgados por el Tribunal Supremo. En la Gürtel, donde el PP fue condenado y el proceso acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy, o en el caso GAL, donde Barrionuevo y Vera fueron condenados a 10 años de cárcel, no se acusó a los jueces de actuar políticamente. Se acataron sus sentencias.
Entonces, el funcionamiento de la justicia se interpretaba como normalidad democrática, sin injerencias del Ejecutivo. Hoy, en cambio, se cuestiona la legitimidad de los tribunales cuando sus resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno.
Para el Ejecutivo, los jueces son “fachas” o “progresistas”en función de las resoluciones judiciales que dicten. Si Álvaro García Ortiz hubiera sido absuelto del delito de revelación de secretos, el Gobierno habría exigido que se pidieran disculpas al fiscal general del Estado, como adelantó Pedro Sánchez, dando por hecho su inocencia. ¿Quién va a pedirle perdón ahora al fiscal general del Estado?. Además, se habría acusado a los medios de comunicación de publicar bulos y fake news.
Nunca en democracia se había vivido un momento en el que el principal representante de una institución como la Fiscalía sesentara en el banquillo y fuera condenado. Lo ocurrido es muy grave. Lo suficientemente grave como para que Pedro Sánchez presentara su dimisión y convocara elecciones. Políticamente, es el responsable de su nombramiento.
Lo que sí ha habido es una intencionalidad política por parte del Gobierno al utilizar la Fiscalía General del Estado para intentar derribar a un adversario político, en este caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mediante la filtración de los datos personales de su pareja, investigado por un presunto delito fiscal contra la Hacienda Pública. Es evidente que este caso ha trascendido mediática y judicialmente al tratarse de la pareja de Díaz Ayuso. En cualquier otra circunstancia, el asunto habría discurrido por los cauces habituales y en el más absolutoanonimato porque no se pueden divulgar datos personales de nadie.
La presidenta de la Comunidad de Madrid cometió un error cuando, al conocerse que su pareja había defraudado al fisco, salió en su defensa sin dejar claro desde el primer momento que se trataba de un caso estrictamente particular, no de un asunto institucional que afectara a su gestión. La oposición ha sabido sacar partido de este error y lo utiliza políticamente para vincular a la presidenta con los negocios de su pareja.
En España se realizan cada año miles de inspecciones tributarias y, cuando la cantidad defraudada es superior a 120.000 euros, como es el caso de González Amador, el delitolleva aparejada una pena de prisión que puede llegar hasta de cinco años. En estos casos, lo habitual esbuscar un acuerdo con la Fiscalía para evitar la entrada en la cárcel. Los abogados suelen recomendar a sus clientes que se declaren culpables, abonen la multa correspondiente y cierren el procedimiento.
El juicio contra González Amador aún no se ha celebrado. Veremos lo que dicen los tribunales y si la condena al fiscal general del Estado- que hoy ha presentado su dimisión al Consejo de Ministros- no invalida las dos causas judiciales del novio de Ayuso al alegar que se ha vulnerado su derecho de defensa.
España vive un momento de polarización intensa, pero incluso en tiempos así debería existir un consenso mínimo: la justicia no puede convertirse en un campo de batalla partidista.
Para quienes todavía creemos en el Estado de Derecho, en que la justicia es igual para todos y en que los jueces se mueven únicamente por motivaciones estrictamente jurídicas y no políticas, es una garantía que puedan sentarse en el banquillo de los acusados los familiares del Rey o incluso el fiscal general del Estado. El día que no sea así, empezaré a preocuparme muy seriamente.
