La situación política actual exige que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaya más allá de la mera convocatoria de manifestaciones. Aunque no disponga de los apoyos necesarios para sacar adelante una moción de censura debería explorar todas las vías posibles para intentar reunirlos, incluido el respaldo de Junts, pese a que hasta hace poco calificaba a Carles Puigdemont como delincuente o prófugo de la justicia. Una moción de censura instrumental podría servir, al menos, para forzar la convocatoria de elecciones generales anticipadas ante el deterioro institucional que atraviesa el país.
No voy a calificar la situación actual de dictadura o sistema totalitario, como han hecho algunos líderes políticos, en mi opinión exageradamente porque España sigue siendo una democracia plena. Sin embargo, sí creo que desde la Transición, los fundamentos de esa democracia no habían estado tan seriamente amenazados como ahora.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el Congreso Europa Press
Mientras en la Comunidad Valenciana, uno de los socios del Gobierno, Compromís, integrado dentro de Sumar, reclama elecciones autonómicas, en el Congreso sus votos continúan apuntalando a un Pedro Sánchez cada vez más acorralado por los casos de corrupción. La entrada en prisión de José Luis Ábalos, quien fue su número dos en el PSOE y ministro de Transportes, marca un hecho inédito desde la recuperación de la democracia: nunca antes un diputado había ingresado en la cárcel. Conviene recordar que Ábalos fue también quien defendió en su día la moción de censura contra Mariano Rajoy, tras conocerse la sentencia del caso Gúrtel que condenaba al PP por financiación irregular. Ahora es el PSOE quien se enfrenta a la obligación de aclarar si en su propio partido existió o no un sistema de financiación irregular, después de las noticias que vamos conociendo con bolsas de dinero en Ferraz y pagos en metálico, practicas expresamente prohibidas por ley.
A pesar de este escenario, Sánchez se aferra al poder, y defiende posiciones que muchos consideran indefendibles, situándose por encima de la Ley. Él fue quien nombró tanto a Santos Cerdán como a José Luis Ábalos, así como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya condena por el Tribunal Supremo por un delito tan grave como el de revelación de secretos para perjudicar a una rival política, supone un golpe de enorme gravedad para la credibilidad de las instituciones del Estado. Este episodio, unido a la evidente obsesión del presidente con la figura de Isabel Díaz Ayuso, contribuye a un deterioro de la confianza en el funcionamiento normal del Estado de derecho. En democracia a los rivales políticos se les gana en las urnas.
Mientras tanto, la izquierda prefiere mirar hacia otro lado y preservar su apoyo a Sánchez ante el temor de un posible gobierno de PP y Vox porque consideran que la alternativa es mucho peor, obviando uno de los principios básicos de cualquier democracia sana: la alternancia en el poder. La negativa a asumir responsabilidades y la disposición a sostener al Gobierno a cualquier precio profundizan la sensación de bloqueo institucional y alimentan la percepción de que el sistema atraviesa un momento de seria vulnerabilidad.
